Sentencia N° 460 — Sala Político Administrativa del TSJ, 21 de febrero de 2006

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. El caso se refiere a un recurso de nulidad interpuesto por varios ciudadanos contra una providencia administrativa que declaró sin lugar la solicitud de calificación de despido. La Sala determinó que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo es el competente para conocer del recurso de nulidad.

La Sala observa que el conflicto de competencia se ha planteado entre el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. Se establece que la competencia para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra actos de la Inspectoría del Trabajo corresponde a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo Regionales. En este sentido, se concluye que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte es el competente para conocer del recurso de nulidad ejercido por el abogado Atilio Hernández Ramírez, actuando como apoderado judicial de los ciudadanos mencionados, contra la Providencia Administrativa N° 8 del 05 de agosto de 1999.

1.- QUE ES COMPETENTE para resolver el conflicto de competencia suscitado en el presente proceso. 2.- QUE CORRESPONDE AL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO NORTE, la COMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el abogado Atilio Hernández Ramírez, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos WOLFGANG ENRIQUE ROJAS RANGEL, ALBERTO RAMÓN ROJAS OVALLES, CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL RAMÓN GONZÁLEZ MUJICA, ALEXANDER JOSÉ MORENO LÓPEZ Y GUILLERMO SUÁREZ LIZARRAGA, contra la Providencia Administrativa N° 8 del 05 de agosto de 1999.