Sentencia N° 445 Político-Administrativa TSJ 2001: Yolanda Izquierdo vs Pablo Ramón Osió Osió — Declaración de perención de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara la perención de la instancia en un juicio por expropiación, debido a la inactividad procesal durante más de un año. Se establece que, conforme al artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en tales circunstancias. La decisión se fundamenta en la falta de actuaciones desde el último acto procesal en noviembre de 1970, lo que lleva a la conclusión de que la causa ha permanecido paralizada.

Para decidir esta Sala observa: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente desde el primero de enero de 1977, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Tribunal Supremo sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte. En efecto, el artículo 86 antes citado dispone. “Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado la Corte sin más tramitaciones declarara consumada la perención de oficio o a instancia de parte”.(destacado de la Sala). En sentencia número 95 de fecha 13 de febrero de 2001, caso Molinos San Cristóbal vs. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estableció el criterio que a continuación se transcribe: “1.- El artículo 86 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal establece, en cuanto a la perención de instancia, como regla general aplicable a los procedimientos que cursen ante este órgano jurisdiccional, lo siguiente: (... Omissis) Ahora bien, el examen detenido del dispositivo transcrito exige por parte de la Sala una revisión del criterio que ha venido manteniendo en materia de perención, por las razones siguientes: el texto del artículo es bastante claro, cuando establece que las reglas contenidas en él deben aplicarse en los procedimientos que cursan ante el Máximo Tribunal, salvo en dos casos: cuando existan disposiciones especiales o en los procedimientos penales. Aunque no puede generar dudas la regla establecida en el mencionado precepto en cuanto a los procedimientos penales, sí se hace en cambio necesario profundizar el examen en cuanto al otro supuesto de excepción, de acuerdo al cual siempre resultará aplicable en materia de perención el artículo 86 eiusdem, salvo cuando existan disposiciones especiales. Aquí es menester detenerse para subrayar que sólo cuando esté expresamente regulado un procedimiento judicial, el cual debe ventilarse ante el Alto Tribunal, y dentro de esas disposiciones se establezca algo distinto, es que sería inaplicable el mencionado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Conforme a lo expuesto, resulta evidente que habiendo transcurrido el lapso en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y en consecuencia, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en el presente proceso, lo cual declara esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. En consecuencia, se ordena devolver el presente expediente al Tribunal de origen, es decir, al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en virtud de haber quedado con fuerza de cosa juzgada la decisión apelada, de fecha 16 de septiembre de 1968, de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del artículo 270 del vigente Código de Procedimiento Civil, el cual resulta aplicable en virtud de la remisión expresa que hace el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.