Sentencia N° 445 Político-Administrativa TSJ 2000: Carmen Alvarez de Figueredo vs Aguedo Suarez — Jurisdicción en acción de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de una sentencia que declaró con lugar la falta de jurisdicción opuesta por el demandado en un juicio de desalojo. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción de desalojo, revocando así la decisión impugnada del tribunal inferior. Se establece que la acción de desalojo es de derecho común y corresponde a los órganos jurisdiccionales.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones que por desalojo tienen como objeto la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de desocupación de un inmueble objeto de un contrato de arrendamiento, por el supuesto incumplimiento del arrendatario en la entrega del inmueble una vez llegado a término el contrato celebrado entre ambas partes, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por Carmen Alvarez de Figueredo contra Aguedo Suárez. Queda así revocada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 12 de marzo de 1.998. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen y continúese la causa en el estado en que se encontraba. Cúmplase lo ordenado.