La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso de nulidad interpuesto por Orlando José Dávila Lacruz, quien fue pasado a situación de retiro por el Comandante General de la Guardia Nacional. El recurrente alegó violaciones al debido proceso y a su derecho a la defensa, argumentando que no se formalizó la denuncia que originó la sanción. La Sala, tras analizar el expediente, concluyó que la actuación del recurrente fue incorrecta y que se ajustó a derecho la decisión administrativa que lo sancionó.
Extracto de la motiva
La jurisprudencia de esta Sala ha sido reiterada al sostener que los funcionarios públicos son responsables administrativamente, de acuerdo con la normativa especial que los rige, con independencia de si también resultan responsables frente a la jurisdicción ordinaria penal, a la cual, como todo ciudadano, están sujetos. En tal virtud, la apertura de una averiguación administrativa para determinar responsabilidades disciplinarias, es independiente y excluyente de cualquier otra que sea procesada por la jurisdicción ordinaria penal o militar. En el caso de autos, efectivamente la Administración militar, previo el procedimiento legalmente establecido para ello, decidió sancionar al recurrente por transgredir normas de conducta atinentes a la vida castrense, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, ello independientemente de la posibilidad de que los hechos imputados condujeran al inicio de una investigación de carácter penal.
Dispositiva
Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Enrique Pérez Bermúdez, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ORLANDO JOSÉ DÁVILA LACRUZ, antes identificados, en virtud del silencio administrativo producido en el ejercicio del recurso jerárquico incoado ante el MINISTRO DE LA DEFENSA, contra la decisión contenida en el Oficio N° OFC-CG-CP-DAPO-DDJM-546 de fecha 20 de marzo de 2003 dictada por el Comandante General de la Guardia Nacional, mediante la cual su representado fue pasado a situación de retiro como medida disciplinaria.
Palabras clave
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