Sentencia N° 424 — Sala Político Administrativa del TSJ, 21 de febrero de 2006

La Sala Político-Administrativa se pronuncia sobre el desistimiento del recurso de nulidad interpuesto por Adolfo Andrés Palmar Baez contra un acto administrativo del Ministro del Interior y Justicia. Se establece que el recurrente no cumplió con la carga procesal de retirar y publicar el cartel de emplazamiento, lo que lleva a la declaratoria de desistimiento del recurso. La Sala ratifica su criterio sobre la aplicación supletoria del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en estos casos.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la solicitud formulada por la representante de la República Bolivariana de Venezuela y en tal sentido se advierte: El artículo 21 aparte undécimo -parte final- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela establece: “En el auto de admisión se ordenará la citación del representante del organismo o del funcionario que haya dictado el acto; al Fiscal General de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, el cual deberá consignar un informe hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Asimismo, cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la citación de los interesados, por medio de carteles que se publicarán en un (1) diario de circulación nacional, para que se den por citados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes: contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un (1) ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación; el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso, y se ordenará el archivo del expediente.” (Resaltado de la Sala). La norma antes transcrita ha sido objeto de interpretación por parte de esta Sala mediante una ponencia conjunta publicada en fecha 11 de agosto de 2005, bajo el N° 5.481, en la cual se estableció: “Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte undécimo -parte infine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del cartel de emplazamiento, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que se verifiquen tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte del recurrente del retiro y publicación del cartel de emplazamiento, lo que podría perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean afectados por el acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación, además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este Máximo Tribunal de ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva.

Conforme a lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara el DESISTIMIENTO del recurso de nulidad ejercido por el abogado Gregorio Ignacio Cropper Jean Louis, actuando en su carácter de apoderado judicial de ADOLFO ANDRÉS PALMAR BAEZ, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 0640, de fecha 4 de junio de 2004, dictada por el MINISTRO DE INTERIOR Y JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por medio de la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico planteado contra el acto administrativo emanado de la División Nacional de Personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de fecha 23 de noviembre de 2001, que destituyó al recurrente del cargo de detective. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial. Cúmplase lo ordenado.