Sentencia N° 422 Político-Administrativa TSJ 2001: Concejo Municipal DEL Distrito Lander DEL… vs Lilia Mercedes Calzadilla de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la perención de instancia en un procedimiento expropiatorio. Se establece que, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho si ha estado paralizada por más de un año. En este caso, se constató que el proceso había estado inactivo desde el 26 de julio de 1983 hasta el 12 de febrero de 1985, superando el plazo establecido para la perención. La Sala concluye que no se vulnera ninguna norma de orden público al aplicar la disposición sobre perención, y se declara la extinción de la instancia en la apelación interpuesta por el abogado de las demandadas. Se reafirma que la perención opera independientemente de las razones imputables a las partes y se limita a la extinción del proceso. Finalmente, se declara firme la decisión apelada y se ordena la publicación y registro de la sentencia.

El artículo 86 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal establece, en cuanto a la perención de instancia, como regla general aplicable a los procedimientos que cursen ante este órgano jurisdiccional, lo siguiente: "Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento. Transcurrido el lapso señalado, la Corte, sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte. Lo previsto en este artículo no es aplicable en los procedimientos penales". Con respecto a la interpretación de la mencionada norma, esta Sala mediante sentencia Nº 00095, de fecha 13 de febrero de 2001 (caso: Molinos San Cristóbal), en ponencia conjunta, revisó el criterio que se ha venido manteniendo en materia de perención, examinando la aplicabilidad del dispositivo contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en los juicios y procedimientos que se ventilan ante este Alto Tribunal. Así señaló: "(...) la única excepción que admite la textual aplicación del mencionado precepto, además de los procedimientos penales como ya se indicó, es en aquellos supuestos en que existan disposiciones especiales aplicables al caso; y lo cierto es que el Código de Procedimiento Civil, en forma alguna puede considerarse como un texto legislativo especial (...) ni de aplicación singular o preferente, especialmente con relación a la materia contencioso administrativa, la cual se ventila ante la Sala, y está regulada, al menos transitoriamente, por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. (...)". Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos. (...) En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho, el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se encuentre. Así se declara.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN, y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la apelación interpuesta por el abogado José Francisco Arizaleta Acevedo, actuando con el carácter de apoderado judicial de las ciudadanas LILIA MERCEDES CALZADILLA DE LOVERA, HILDA CRISTINA CALZADILLA DE BLAT, CARMEN MARIA CALZADILLA DE MOLINA y del arredantario NAIM BITAR, contra la decisión de fecha 24 de septiembre de 1982 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. Se declara firme la decisión apelada. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.