Sentencia N° 412 — Sala Político Administrativa del TSJ, 18 de mayo de 2023

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nro. 00113, declaró procedente la solicitud de levantamiento del velo corporativo a la empresa N&H Proyectos 2211 2005, C.A. y a su garante, Construcciones 0310 2007, C.A., debido a la relación de identidad entre sus accionistas. Además, se ordenaron medidas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles y acciones de los accionistas, así como el embargo preventivo de bienes muebles hasta por un monto total de USD 4.716.185,05, en virtud del incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la demandada.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre las medidas nominadas e innominadas, requeridas por el apoderado judicial de la entidad financiera Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX), respecto a los bienes muebles e inmuebles, las acciones y títulos valores pertenecientes a los accionistas y administradores de las sociedades mercantiles N&H Proyectos 2211 2005, C.A. y Construcciones 0310-2007, C.A., todo ello en aplicación de la teoría del levantamiento del velo corporativo, para lo cual resulta necesario establecer, primero, conforme al principio de la realidad sobre las formas o apariencias, si en el caso de autos se configuran o no, los supuestos para la aplicación de dicho concepto jurídico. Tenemos entonces, que la teoría del levantamiento del velo corporativo, surge ante la necesidad de implementar un mecanismo de defensa contra los abusos cometidos por entes societarios, en perjuicio de terceros, valiéndose o amparándose en la separación personal o patrimonial existente entre la sociedad y sus socios. En Venezuela, aún cuando no tiene fundamento legal expreso, se han dictado ciertas normas aisladas en diferentes leyes que permiten la aplicación para las materias objeto de las mismas de este levantamiento o discurrimiento del velo corporativo. No obstante la doctrina y la jurisprudencia se han ido encargando de construir a partir de las figuras de la simulación y el abuso de derecho, la fórmula de discurrir el velo corporativo, obteniéndose por este medio la consecuencia final de desestimar o prescindir de la personalidad jurídica de la sociedad confundiéndola entonces con la de sus socios o con la de otra empresa o grupo económico. Es decir, bajo tal figura creada por la doctrina y la jurisprudencia, se le ha permitido al Juez prescindir de la personalidad jurídica de dicha sociedad mercantil borrando los límites de responsabilidad que existen entre la sociedad misma y sus socios o accionistas. A los fines de afianzar los argumentos expuestos, resulta imperioso traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia Nro. 1852, de fecha 5 de octubre de 2001: “(…) En el fondo de la composición de las personas jurídicas de derecho privado, así en las sociedades de capitales sus socios sean otras personas jurídicas, están las personas naturales, ya que ellas son las que constituyen primigeniamente a las personas jurídicas, las cuales a su vez pueden fundar otras. Los derechos civiles de las personas naturales quedarían lesionados, si al asociarse en sociedades que adquieren personalidad jurídica diferente a la de los socios, pudiera violarse la correspondencia de dichas personas jurídicas, o irrumpir en su recinto privado sin orden de allanamiento; o impedir el derecho a la defensa de la persona jurídica, perjudicando así a las personas naturales que son socios, quienes verían como otros les intervienen las comunicaciones en que tienen interés como miembros o funcionarios de las sociedades, o irrumpen en los locales sociales donde ellos se encuentran, etc. Permitir tales situaciones equivaldría a lesionar el derecho de asociación, ya que las actividades anteriores al menoscabar a la persona jurídica, disminuyen a la asociación y a los socios. Se trata de una cuestión bidireccional, porque tampoco pueden las personas naturales escudarse en la personalidad jurídica de las sociedades civiles o mercantiles, para lesionar ilícitamente y fraudulentamente a otras personas; y por ello doctrinas como la del ‘disregard’ o el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, han sido aceptadas por esta Sala en fallos del 15 de marzo de 2000 (Caso: Paul Harinton Schmos), o en el fallo del 18 de abril de 2001 (Caso: CADAFE) (…)”. (Negrillas de este Máximo Juzgado). Mediante la referida decisión la Sala Constitucional reconoció la posibilidad de invadir la esfera jurídica de los socios o accionistas de una compañía, por medio del levantamiento del velo corporativo, a los efectos de evitar lesiones que puedan perjudicar a otras personas o sujetos. Asimismo, es necesario hacer referencia a la sentencia Nro. 94 del 15 de marzo de 2000, donde la Máxima Interprete Constitucional estableció que el Juez se encuentra facultado para dictar medidas cautelares que incidan o produzcan efectos sobre terceros: “(…) Las medidas preventivas persiguen que los derechos de una parte no se menoscaben y ellas por lo general obran contra la parte contraria a quien lo solicita, pero teóricamente, y por aplicación de los artículos 171, 174 y 191 del Código Civil, en casos como el que trata este fallo, para evitar tal menoscabo de los derechos de una parte, se puede involucrar a un tercero relacionado jurídicamente con las partes, como forma de cautela para detener la dilapidación o el fraude (…) El tercero afectado por una providencia ilegal dictada como medida innominada, que no lesione directamente sus garantías y derechos constitucionales, no se encuentra inerme ante la situación porque el Código de Procedimiento Civil no haya contemplado la posibilidad de la oposición de su parte a la medida; y en ejercicio del derecho de defensa que le otorgaba el artículo 68 de la derogada Constitución de la República de Venezuela de 1961 y del artículo 49 de la actual, podría oponerse a la medida con fundamento en los ordinales 1° y 3° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por analogía a la situación en que se encontraba, todo conforme al artículo 4° del Código Civil, quedando a su iniciativa la vía procesal que utilizará para la oposición.

1.- PROCEDENTE la solicitud de LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO a la empresa N&H PROYECTOS 2211 2005, C.A., en su carácter de deudora principal y sobre su garante, la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES, 0310 2007, C.A., dada la relación de identidad existente entre sus accionistas. 2.- PROCEDENTE la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre todos los bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, pertenecientes a los ciudadanos HUGO RICARDO REYES CARBONE, NORELIS GARCÍA DE REYES, SILVINA NATALIA REYES y HUGO CARLOS REYES, previamente identificados, los dos primeros en su carácter de accionistas de la sociedad mercantil N&H PROYECTOS 2211 2005, C.A., y los últimos en su condición de accionistas minoritarios de la empresa CONSTRUCCIONES, 0310 2007, C.A., a cuyos efectos se ORDENA notificar al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), para que estampe la nota marginal correspondiente, informe a esta Sala de su cumplimiento y remita las copias certificadas que acreditan la propiedad actual de los mismos. 3.- PROCEDENTE la medida cautelar innominada, consistente en la prohibición de enajenar las acciones y los títulos valores que posean los referidos ciudadanos en cualquier otra sociedad de comercio, para lo cual, se ORDENA oficiar al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y al apoderado judicial de la entidad financiera Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX), a fin de que remitan a la brevedad posible los respectivos datos de registro, a los efectos de que esta Sala pueda realizar las gestiones necesarias para su ejecución. 4.- PROCEDENTE la medida de embargo preventivo sobre los bienes muebles de los ciudadanos HUGO RICARDO REYES CARBONE, NORELIS GARCÍA DE REYES, SILVINA NATALIA REYES y HUGO CARLOS REYES, antes identificados, de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, hasta por la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (USD. 4.716.185,05). 5.- Se ORDENA comisionar al correspondiente Juez Ejecutor de Medidas a fin de que practique el embargo decretado, atendiendo al previo señalamiento que deberá efectuar la representación judicial de la parte demandante acerca de los bienes muebles sobre los cuales recaerá el embargo acordado.