Sentencia N° 409 Político-Administrativa TSJ 2001: Policarpo Antonio Rodríguez — Ampliación de efectos de fallo anulatorio

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de Policarpo Antonio Rodríguez para que se ampliaran los efectos de un fallo anulatorio dictado en un caso anterior. La Sala determinó que no había materia sobre la cual decidir, ya que el solicitante no había participado en el proceso original y no había impugnado el acto administrativo que le afectaba. Se enfatizó la importancia del debido proceso y la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala observa: Se pretende que esta Sala, con fundamento en diversos principios plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declare la inaplicabilidad del Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, bajo los siguientes supuestos: que el texto de la referida disposición debe entenderse derogado por la entrada en vigencia de la nueva Constitución, al no estar incluido como principio en el texto constitucional, en tanto que sí lo estaba en el artículo 211 de la Constitución que estuvo vigente hasta 1999; su eventual contradicción con aquellos principios que consagran un estado social de derecho y de justicia; y que en el caso concreto para el cual se solicita su desaplicación, la sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 1999 por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, lesionó los derechos subjetivos de un ciudadano, al no concederle, vía ampliación de sus efectos, la aplicación de un fallo que anuló una norma con efectos erga omnes. Se arguye que estando en situación idéntica, y declarada judicialmente la inexistencia de la norma en relación a otra persona a la cual sí se estimó su solicitud de anulación, la no ampliación de los efectos del fallo a su situación particular constituye una violación al derecho a obtener una justicia material y a la tutela judicial efectiva. Al respecto observa la Sala que ciertamente, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y que la vigente constitución ha realzado estos valores y principios al punto de considerar que en obsequio de la justicia, las formalidades no esenciales no pueden esgrimirse para impedir u obstaculizar su materialización. Igualmente, comparte la Sala el criterio según el cual la Constitución consagra expresamente el derecho de todos los ciudadanos de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y a una tutela judicial efectiva de los mismos. Tales principios sin embargo, no pueden ser aislados de otros sin los cuales éstos carecerían de contenido. En efecto, de acuerdo a la propia Constitución que invoca el solicitante, el instrumento fundamental para la realización de la justicia lo constituye el proceso (artículo 257) y si bien no se puede sacrificar la justicia por apego conservador a formalidades no esenciales, entiende la Sala que el constituyente no ha querido establecer que el proceso en su conjunto, como instrumento de la realización de la justicia, se convierta en sí mismo en medio no esencial para el logro del fin último que es la justicia.

Por las razones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando efectivamente justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DEBA DECIDIR, respecto de la solicitud consignada por los apoderados judiciales del ciudadano POLICARPO RODRÍGUEZ, en el expediente N° 11.885, contentivo del juicio de nulidad ejercido por la ciudadana ESTHER MARTÍNEZ DE DÍAZ contra el Parágrafo Único del artículo 70 del Estatuto de Personal de los Empleados del Banco Central de Venezuela. Devuélvase a sus presentantes el escrito de fecha 14 de diciembre de 2000, consignado por los abogados Armando Giraud Torres, Ignacio Castro Cortiñas y Rafael José Milano Sánchez, todos identificados en autos. Publíquese y Regístrese. Archívese en forma definitiva este expediente. Cúmplase lo ordenado.