Sentencia N° 408 Político-Administrativa TSJ 2000: C.A. Agropecuaria 2S vs Instituto Agrario Nacional — Jurisdicción en materia…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso donde el ciudadano Luis Honorio Sigala Venegas demandó al Instituto Agrario Nacional por la reubicación de ocupantes en un predio agrario. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada, confirmando la decisión del tribunal de origen que había declarado su competencia para conocer el caso. La sentencia se basa en la interpretación de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y el Código de Procedimiento Civil.

Es de principio que toda controversia jurídica debe ser dirimida por los Tribunales, es decir, por lo órganos competentes del Poder Judicial venezolano, salvo que el conocimiento del asunto corresponda a un Tribunal extranjero o a algún ente u órgano no judicial y que específicamente sea parte de la Administración Pública. Concretamente, los asuntos contenciosos que se susciten con motivo de las cuestiones legales en materia agraria son sustanciados y decididos por los Tribunales que forman la llamada jurisdicción agraria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios; y, específicamente, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia Agraria conocer de las acciones derivadas del derecho de permanencia, como lo dispone el literal g) del artículo 12 eiusdem, pero también conocen en general de todas las “acciones, medidas y controversias en materia agraria”, de acuerdo con el literal W del mismo artículo 12. En consecuencia, el que una controversia agraria quede sustraída de la jurisdicción judicial es excepcional y debe estar consagrada expresa y especialmente en alguna norma legal. Ahora bien, en el presente caso la demandante alegó que el predio agrario de su propiedad se encontraba en un setenta por ciento (70%) dentro de una zona protectora de la ciudad de Barquisimeto del Estado Lara y un treinta por ciento (30%) dentro del Parque Nacional Terepaima, es decir, la finca de la demandante-propietaria está ubicada en su totalidad en un área bajo un régimen especial para su uso y administración y que está ubicada allí antes de que dicha zona fuese declarada zona protectora o parque nacional, y que el Instituto Agrario Nacional en el Punto Nº 2 de la Resolución de Directorio Nº 23-83, de fecha 20 de julio de 1985, admitió su obligación de reubicar a los ocupantes del referido predio, por estar en una área afectada por el Parque Nacional Terepaima y que además no es económicamente explotable, se está en presencia de una demanda incoada contra el Instituto Agrario Nacional, para que cumpla su propia decisión de reubicar a los ocupantes del referido predio, cumpla así, además con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Reforma Agraria y se determine a favor de la actora el cumplimiento de la obligación de parte del Instituto demandado, derivada del derecho de su permanencia en el mismo. En tal virtud, estima la Sala que en el presente caso se está en presencia de una típica acción judicial que corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes, de acuerdo al artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y el literal g) del artículo 12 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, por lo que no hay falta de jurisdicción como se ha alegado, pronunciamiento éste que no prejuzga acerca de ningún otro extremo de forma ni de fondo. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la empresa mercantil C.A. AGROPECUARIA 2 S contra el INSTITUTO AGRARIO NACIONAL, ambas partes antes identificadas. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 27 de julio de 1998. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.