DecisiónADMITE provisionalmente la demanda de nulidad incoada.
Resumen
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió provisionalmente la demanda de nulidad interpuesta por Rosa Yuraima Cova Vallejo contra la Resolución del Contralor General que confirmó su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez años. La Sala consideró que no se verifican causales de inadmisibilidad en la demanda presentada. Sin embargo, declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar, argumentando que no se configuró la presunción de buen derecho ni el peligro en la mora, lo que impide la suspensión de los efectos de la resolución impugnada.
Extracto de la motiva
La responsabilidad administrativa es una sanción que busca garantizar la administración eficaz y transparente del patrimonio público y los bienes públicos del Estado venezolano, toda vez que, coerce a todo funcionario público o, persona natural que de alguna forma maneje o haya manejado fondos públicos, cuando de sus actuaciones se demuestren graves irregularidades en el cumplimiento de las formalidades normativas o la causación de un daño al referido patrimonio público. En tal sentido, la responsabilidad administrativa puede ser declarada por los órganos de control fiscal indicados en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en uso de sus competencias, después de haber sustanciado el procedimiento administrativo correspondiente, que se encuentra establecido en el Capítulo IV, Título III de la referida Ley.
Dispositiva
1- Su COMPETENCIA para conocer y decidir la demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar interpuesta por la ciudadana ROSA YURAIMA COVA VALLEJO, asistida por la abogada Nathaly Fermín, antes identificadas, contra la Resolución número 01-00-000302 de fecha 22 de octubre de 2025, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la accionante y en consecuencia confirmó la Resolución número 01-00-000120 del 27 de mayo de 2025, a través de la cual se le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez (10) años. 2.- ADMITE provisionalmente la demanda de nulidad incoada. 3.- IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar propuesta.