Sentencia N° 404 Político-Administrativa TSJ 2001: Construcciones y Dotaciones 1609, C.A. vs Fundación Para el Desarrollo de la…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar de embargo presentada por la sociedad mercantil Construcciones y Dotaciones 1609, C.A. contra la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN). La Sala determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para la concesión de la medida cautelar, específicamente la presunción grave del derecho reclamado y el peligro de que la ejecución del fallo resultara ilusoria. La Sala analizó los documentos presentados por la parte actora y concluyó que no existía evidencia suficiente que respaldara la existencia del derecho reclamado, lo que llevó a considerar que la acción podría ser temeraria. Por lo tanto, se desestimó la solicitud de embargo, declarando improcedente la medida cautelar solicitada. Finalmente, la decisión fue firmada por el Magistrado Ponente y se ordenó su publicación y registro, cumpliendo con los procedimientos establecidos.

Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). En cuanto al primero de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al segundo de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. Aplicando los postulados antes expuestos al examen de la medida cautelar a que se contrae la presente solicitud, debe señalarse, con relación a la presunción de buen derecho, que la actora exige el pago de sumas de dinero derivadas del incumplimiento por parte del ente contratante, de dos contratos de servicios. Así, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se pudo constatar, que la representación de la parte actora acompañó al libelo los siguientes documentos: a) Los textos, en original, de ambos contratos. b) Las solicitudes de cobro, en original, (cinco de cada contrato) que, aduce, son las valuaciones que están pendientes de pago, por la totalidad del monto de ambos contratos cuyo cumplimiento se demanda; adjunto a las cuales están los correspondientes recibos de pago y las carátulas de valuaciones, estas últimas en formato con membrete del ente contratante. c) Actas de terminación y aceptación provisional, en original, de los servicios contratados emitidas por FUNDACOMUN. d) Dos comunicaciones de fecha 13 de marzo de 2000, y dos sin fecha, donde se insta al ente contratante y a la unidad coordinadora del proyecto (CAMEBA) a cancelar la suma adeudada; y e) Dos comunicaciones de fecha 15 de marzo de 2000, adjunta a las cuales, Construcciones y Dotaciones 1609, C.A. envió, a solicitud verbal del ente contratante, recibos de pago correspondientes a todas las valuaciones generadas por los contratos en referencia.

Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO solicitada por la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES 1609, C.A., en el presente juicio seguido contra la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN). Publíquese, regístrese y comuníquese. Agréguese el cuaderno de medidas al expediente de la causa. Cúmplase lo ordenado.