Sentencia N° 402 Político-Administrativa TSJ 2001: Marvin Enrique Sierra Velasco vs Ministro DEL Interior y Justicia

El abogado Freddy Eduardo Loaiza Amaya interpuso un recurso contencioso-administrativo de nulidad y acción de amparo constitucional contra la resolución del Ministro del Interior y Justicia que confirmó la destitución de su cliente, Marvin Enrique Sierra Velasco. La Sala Político-Administrativa admitió el recurso de nulidad, pero declaró improcedente la medida cautelar de amparo constitucional solicitada, argumentando que no se presentó prueba suficiente que demostrara la violación de derechos constitucionales.

La institución del amparo constitucional en Venezuela a partir de la publicación de la Constitución de 1.961, consagra, por una parte, el derecho de todas las personas a ser amparadas en el goce y ejercicio de los derechos y garantías ahí previstos, incluso de aquéllos que no figuren expresamente en ella, y por otra, el deber que tiene el Estado a través de su función jurisdiccional, de otorgar amparo cuando ello sea procedente. Concebida inicialmente esta institución como un derecho, que de conformidad con el artículo 50 de la Constitución de 1961, no debía ser menoscabado ni siquiera por falta de ley reglamentaria, por tratarse de una norma de carácter operativo y no programático (ver sentencia de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 20 de octubre de 1993, caso: Andrés Velásquez), se habló entonces, de la necesidad de identificar esta figura con una acción o recurso, pues resultaba indudable que al encontrar consagración en el texto constitucional y habiendo sido establecido en conformidad con la Ley, su verdadera efectividad dependería de un instrumento normativo que impusiera la aplicación de un procedimiento breve, sumario e idóneo para el restablecimiento, de forma inmediata, de la situación jurídica infringida. Sobre esa base, tiene su origen la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales publicada el 22 de enero de 1988, la cual constituye, todavía después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el instrumento procesal fundamental para la satisfacción del derecho constitucional al amparo.

1.- SE ADMITE el recurso contencioso-administrativo de anulación ejercido contra la resolución Nro. 574 de fecha 16 de mayo de 2000, dictada por el Ministro del Interior y Justicia. En consecuencia, se ordena la remisión del presente expediente contentivo del recurso de nulidad al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se proceda a la notificación del Procurador General de la República, del Fiscal General de la República y del Ministro del Interior y Justicia; se disponga la emisión del cartel, si lo estima procedente, y se continúe la sustanciación del caso. 2.- IMPROCEDENTE la medida cautelar de amparo constitucional, solicitada de manera conjunta con el recurso contencioso-administrativo a que se refieren las presentes actuaciones.