La Inspectora General de Tribunales interpuso un recurso contencioso-administrativo de nulidad contra la decisión de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que absolvió a la juez Ana Teresa Solórzano de las imputaciones en su contra. La recurrente argumentó que la Comisión incurrió en falso supuesto al considerar que los hechos eran de carácter jurisdiccional y no disciplinario. La Sala Político-Administrativa, tras examinar el expediente, concluyó que los hechos discutidos eran de índole jurisdiccional y no susceptibles de sanción disciplinaria, por lo que declaró sin lugar el recurso interpuesto por la Inspectora General de Tribunales.
Extracto de la motiva
Hechas las anteriores consideraciones, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por la Inspectora General de Tribunales contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en virtud del cual se absolvió a la juez Ana Teresa Solórzano de la acusación formulada por el referido ente. Efectuada la lectura del expediente administrativo y examinados los alegatos formulados por la parte recurrente, así como por el órgano emisor del acto, se observa: 1.- La recurrente plantea que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial incurrió en el vicio de falso supuesto, cuando estimó que los hechos debatidos en el procedimiento y que configuraron el motivo de la acusación por parte de la Inspectoría General de Tribunales, se encuentran sometidos al examen de la materia estrictamente jurisdiccional y que por ende, no son susceptibles de constituir faltas disciplinarias. Sobre el punto en cuestión, sostiene la Inspectora General de Tribunales que del expediente administrativo quedó plenamente demostrado que la juez investigada infringió un deber legal, al no considerar los argumentos expuestos por el defensor del procesado dirigidos a explicar los fundamentos de su apelación. Así, señala que los hechos narrados y presuntamente cometidos por la juez imputada conjuntamente con los demás miembros de la Corte de Apelaciones, revelan una flagrante violación del derecho a la defensa que tiene el afectado con la decisión, tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución de 1961 y el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal.
Dispositiva
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: 1.- SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por la INSPECTORA GENERAL DE TRIBUNALES, contra el acto administrativo de fecha 06 de septiembre de 2001, dictado por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y a la Inspectoría General de Tribunales. Archívese el expediente judicial y envíese el administrativo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
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