Sentencia N° 4 Político-Administrativa TSJ 2001: JOSÉ SABINO TEIXEIRA y MARÍA PIERINA ESTRADA vs GUSTAVO JOSÉ DURÁN ARAUJO y…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de cumplimiento de contrato de comodato. Se determinó que el Poder Judicial tiene la competencia para conocer y decidir sobre la acción intentada por los demandantes, confirmando la decisión del juez de primera instancia que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción. Además, se impuso una multa a la demandada por haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción infundada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de comodato, por el presunto incumplimiento en la entrega del inmueble, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado y en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por JOSÉ SABINO TEIXEIRA y MARÍA PIERINA ESTRADA, contra GUSTAVO JOSÉ DURÁN ARAUJO y MORELA VALERO DURÁN. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 24 de abril de 2000. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la ciudadana MORELA VALERO, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios, que la abogada de la ciudadana MORELA VALERO, ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de la abogada Charito Tirado, Inpreabogado Número: 77.390, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.