La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por María Trinidad Ramírez de Egañez contra la Resolución N° 01-00-000002 del 8 de enero de 2007, que confirmó la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres años. La Sala consideró que la sanción era consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa y que no se configuraba la violación del principio non bis in idem ni de los derechos a la defensa y debido proceso.
Extracto de la motiva
La Sala observa que la parte recurrente interpuso el recurso contencioso administrativo de nulidad contra las Resoluciones Nos. 01-00-000270 de fecha 1º de septiembre de 2006, mediante la cual el Contralor General de la República le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de tres (3) años; y 01-00-000002 del 8 de enero de 2007, por la que la referida autoridad contralora declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la actora contra el primero de los actos nombrados. Así, aprecia la Sala que al ser la Resolución Nº 01-00-000002 del 8 de enero de 2007 confirmatoria del acto por el cual se le impuso a la ciudadana María Trinidad Ramírez de Egañez la sanción de inhabilitación, la acción ejercida por la parte recurrente se encuentra dirigida a impugnar la antes identificada Resolución N° 01-00-000002 -tal como lo indicó el Juzgado de Sustanciación en el auto de fecha 25 julio de 2007-, toda vez que este último acto causa estado y pone fin a la vía administrativa.
Dispositiva
Sobre la base de los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana MARÍA TRINIDAD RAMÍREZ DE EGAÑEZ, contra la Resolución N° 01-00-000002 del 8 de enero de 2007, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. En consecuencia, queda FIRME el referido acto administrativo.
Palabras clave
Contencioso AdministrativoInhabilitaciónDerecho a la defensaDebido proceso