Sentencia N° 382 — Sala Político Administrativa del TSJ, 21 de abril de 2004

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, analizó la solicitud de avocamiento presentada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en relación con un recurso de nulidad interpuesto por el Consejo Bancario Nacional. La Sala consideró que existían razones de interés público que justificaban la intervención, dado que la resolución impugnada afectaba el horario de atención al público en el sistema bancario, lo que podía generar perjuicios a la colectividad. Finalmente, la Sala decidió declarar con lugar la solicitud de avocamiento, permitiendo así que la Sala conociera del caso en cuestión.

La solicitud formulada por el abogado Alí José Daniels se sustenta básicamente, en el hecho de que se están prestando lo que califica como “servicios bancarios” bajo condiciones que afectan enormemente al público y violan en consecuencia la garantía que está señalada en el artículo 117 de la Constitución de disponer de ‘servicios de calidad’, y más aún en el supuesto de las instituciones bancarias que prestan una actividad que constituyen un servicio público. Tales condiciones se circunscriben principalmente, a que el Consejo Bancario Nacional optó por disminuir en más de un 50% el tiempo de atención al público, verificándose largas colas para la realización de un trámite bancario, razón por la cual la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, se vio en la necesidad de dictar la Resolución Nº 260.02, de fecha 31 de diciembre de 2002, instruyendo a dichas instituciones a lo siguiente: a) atender a sus clientes y usuarios en su horario habitual, vigente al 29 de noviembre de 2002, y b) que el incumplimiento de tal Resolución, daría lugar a la aplicación de sanciones conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Por lo expuesto, se declara con lugar la solicitud de avocamiento planteada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y se avoca el conocimiento del recurso de nulidad interpuesto por el Consejo Bancario Nacional contra la Resolución Nº 260-02 del 31 de diciembre de 2002, emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.