Sentencia N° 379 — Sala Político Administrativa del TSJ, 26 de febrero de 2002

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la perención de la instancia en un caso donde la parte demandante no realizó actos de impulso procesal durante más de un año. Se constató que la causa estuvo paralizada desde el 19 de enero de 2000 hasta el 18 de julio de 2001, cuando se solicitó la perención. La Sala argumentó que, a pesar de que el procedimiento estaba en estado de decidir, las partes debieron diligenciar para instar la decisión.

La perención de la instancia opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el tiempo determinado en los supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde 19 de enero de 2000, fecha en la cual se designó ponente, a los fines de decidir las cuestiones previas, hasta el 18 de julio de 2001, cuando la Procuraduría General de la República solicitó se declara la perención, sin que en ese lapso se hubiese realizado acto alguno de impulso del procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal. Ahora bien, aun cuando la causa se encontraba en estado de decidir la solicitud de amparo, pues el procedimiento que corresponde no exige la realización de actuaciones especiales luego de nombrado ponente, ello no impedía que las partes hubiesen podido diligenciar solicitando decisión.

Esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente demanda. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese al Procurador General de la República. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.