Sentencia N° 377 — Sala Político Administrativa del TSJ, 4 de agosto de 2022

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, revoca la sentencia del Tribunal Primero de Impuesto sobre la Renta que había declarado con lugar el recurso contencioso-fiscal interpuesto por la sociedad C.A. Empresa Urdaneta. Se confirma la resolución de la Administración General de Impuestos sobre la Renta que había confirmado las planillas de liquidación y se ordena la anulación de las planillas restantes. Además, se condena en costas procesales a la empresa recurrente.

(…) Cuestión que amerita un pronunciamiento previo, es la prescripción opuesta en el lapso de promoción de pruebas, por el apoderado Judicial de la contribuyente, y tratándose como se trata, de un alegato que no comparta la traída de un hecho nuevo al proceso, sino un punto de derecho, de estricto orden público, accionable en cualquier fase del proceso, entra el Tribunal a conocer del mismo y al respecto observa: Por expresa disposición de la vigente Ley de Impuesto sobre la Renta, en su artículo 155 [del año 1966, vigente en razón del tiempo], el ejercicio de los Recursos establecidos en dicha Ley, impide la prescripción de los derechos fiscales impugnados, sobre los cuales versen dichos recursos. Pero es claro que este impedimento subsiste mientras los respectivos procesos sigan su curso normal, hasta concluir en la decisión definitiva de los mismos; entendiéndose, desde luego, que si los plazos legales en dichos procedimientos se vencen sin que éstos sigan su marcha, el impedimento cesa, y por tanto, comienza a correr el lapso para el cumplimiento de la prescripción extintiva de los derechos fiscales. Con ello se evita la consagración del principio de la imprescriptibilidad de la obligación tributaria, teoría contraria a todo el ordenamiento jurídico nacional relativo a las obligaciones y además, se impide que el instituto de la prescripción se haga nugatorio para la contribuyente, en caso como el de autos, con todos los perjuicios que de ello se derivaría. Incuestionablemente que si por expresa disposición legal, el ejercicio de los recursos consagrados en la Ley de Impuesto sobre la Renta [de 1966, vigente en razón del tiempo], impide la prescripción de los derechos fiscales que por ellos se impugnan, ha de entenderse esta disposición referida a las causas que se van desarrollando normalmente, en las cuales cada acto de procedimiento es cumplido dentro del lapso legal conferido para ello, abriéndose inmediatamente el lapso correspondiente al acto siguiente dentro de su secuela. No puede hacerse valer esta disposición legal para causas en las cuales, como en la del caso que nos ocupa, ha dejado de cumplirse oportunamente, un acto de procedimiento, al no haberse procedido, la Administración fiscal, en forma inmediata, del envió del expediente del Recurso al Tribunal competente para su estudio y decisión, dejando por el contrario transcurrir, con marcada negligencia, varios años, reteniendo en forma indebida e injustificada dicho Expediente, impidiendo, así, el curso normal del proceso correspondiente. En caso contrario, se estaría facultando a la Administración para retener en sus archivos, de manera indefinida, cualquier clase de Recurso, hecho éste, evidentemente no querido por el Legislador, al establecer la disposición legal en comento. Así, pues la interposición de los recursos que la Ley confiere al contribuyente, impide la prescripción durante los lapsos que se acuerdan a la Administración para decidirlos o para resolver su envío al Tribunal, en caso de ejercicio del Recurso Contencioso-Fiscal [hoy recurso contencioso tributario]; en este último caso, una vez remitido el respectivo Expediente del Recurso al Organismo Jurisdiccional competente, el impedimento continúa como consecuencia de la inexigibilidad del crédito; pero mal puede la Administración, que es la acreedora de la obligación fiscal, retener y mantener así, también de modo indefinido, inexigible la misma obligación, como para que no pueda transcurrir ningún término de prescripción, pues ello conduciría al absurdo, lógico y jurídico, de otorgar al acreedor la facultad de establecer, ‘sine die’ y de hecho, los términos de la prescripción, los cuales son de eminente orden público y por ende, de derecho necesario.

1.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del FISCO NACIONAL, contra la sentencia definitiva número 1080 dictada por el Tribunal Primero de Impuesto sobre la Renta el 28 de enero de 1982, la cual se REVOCA. 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el apoderado en juicio de la sociedad de comercio C.A. EMPRESA URDANETA contra la Resolución “Confirmación, Anulación y Emisión de Planillas” identificada con las letras y número HIR-900-552 de fecha 25 de agosto de 1975 (sin fecha de notificación), y las planillas correspondientes quedan FIRMES los referidos actos administrativos. 3.- PROCEDE la condenatoria en COSTAS PROCESALES a la empresa recurrente, a tenor de lo indicado en la parte motiva de esta decisión judicial.