Sentencia N° 374 Político-Administrativa TSJ 2001 — Conflicto de competencia entre tribunales

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre el Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y el Juzgado Nacional de Hacienda. Se determinó que, al no existir un Tribunal Superior común, corresponde a este Alto Tribunal regular la competencia. La controversia se refiere a un presunto ilícito fiscal, lo que lleva a la Sala de Casación Penal a asumir la regulación de competencia propuesta.

Disponen los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil: “Artículo 70.- Cuando la sentencia declare la incompetencia del juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos del artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerase a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de competencia”. “Artículo 71.- La solicitud de regulación de competencia se propondrá ante el juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior”. Ahora bien, en virtud de que en el conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y el Juzgado Nacional de Hacienda de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, no existe un Tribunal Superior común a ellos, de conformidad con las normas transcritas, la regulación de competencia efectivamente corresponde a este Alto Tribunal.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA en la Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal la competencia para resolver la regulación de competencia propuesta y, en consecuencia, ordena la remisión del expediente a la mencionada Sala. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.