Sentencia N° 372 — Sala Político Administrativa del TSJ, 20 de marzo de 2018

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo y el Tribunal Primero de Municipio Ordinario, ambos declarando su incompetencia para conocer una demanda de nulidad interpuesta por el Ministerio Público. La Sala determinó que le corresponde al Juzgado Primero de Municipio Ordinario conocer la demanda de nulidad contra un acto administrativo de la Dirección de Inquilinato de la Alcaldía del Municipio Iribarren. La decisión se fundamenta en la normativa que establece la competencia de los tribunales en materia inquilinaria y la regulación de la competencia en casos donde no existe un tribunal superior común. La Sala, al resolver el conflicto, reafirma su rol como cúspide de la jurisdicción contencioso-administrativa, ordenando el remitir el expediente al tribunal competente para continuar con el proceso. Finalmente, la sentencia fue firmada y sellada el 20 de marzo de 2018, y publicada al día siguiente, estableciendo así la resolución del conflicto de competencia planteado.

El presente caso fue remitido a esta Sala, a los fines de resolver la regulación oficiosa de competencia, para lo cual debe atenderse a lo previsto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen que cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez o la Jueza que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47 del referido Código, si el Juez o la Jueza o Tribunal que haya de suplirle se considerase a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia y remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida. Si no existiera un Tribunal Superior común a ambos Jueces o Juezas en la Circunscripción Judicial, la regulación de oficio corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estableció el régimen de competencias atribuido a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, el numeral 19 del artículo 23 de la mencionada Ley (contemplado en los mismos términos en el numeral 19 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), le asigna a la Sala la competencia para conocer de los conflictos de competencia surgidos entre los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ahora bien, en la causa bajo examen ha surgido un conflicto entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental y el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara (actuando en materia contencioso administrativa inquilinaria) declarando ambos su incompetencia para conocer la demanda de autos; por tanto, le corresponde a esta Sala como cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa, regular de oficio la competencia para conocer y decidir la causa por tratarse de una materia perteneciente al ámbito del contencioso administrativo. Así se decide.

1.- QUE ES COMPETENTE para resolver la regulación oficiosa de competencia planteada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, por decisión de fecha 23 de octubre de 2017. 2.- QUE CORRESPONDE al Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el conocimiento de la demanda de nulidad ejercida.