La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Se determinó que el Juzgado Superior es el competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Alonso José Yustiz Álvarez contra una transacción celebrada ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara. La Sala concluyó que la naturaleza del caso es de índole funcionarial, por lo que corresponde al Juzgado Superior decidir sobre el asunto.
Extracto de la motiva
La Sala establece su competencia para resolver el conflicto negativo planteado, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, así como en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se evidencia que se ha planteado un conflicto de competencia entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. La Sala, al ser el Máximo Órgano en dicha jurisdicción, se declara competente para conocer el conflicto planteado. Se concluye que el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir el presente caso es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, de conformidad con la jurisprudencia imperante.
Dispositiva
1.- QUE ES COMPETENTE para resolver el conflicto de competencia suscitado en el presente proceso. 2.- QUE CORRESPONDE AL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTAL, la COMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad ejercido por los apoderados judiciales del ciudadano ALONSO JOSÉ YUSTIZ ÁLVAREZ, contra el acta de transacción celebrada en fecha 7 de marzo de 2002, en la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO LARA, entre el referido ciudadano y el Municipio Iribarren del Estado Lara.
Palabras clave
conflicto de competencianulidadtransacción laboraljurisdicción contencioso-administrativa