La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer un recurso de nulidad interpuesto por José Ángel Villegas contra una resolución de la Inspectoría del Trabajo que autorizó su despido. La Sala determinó que la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa, en lugar de la laboral, basándose en criterios jurisprudenciales previos que establecen que los tribunales contenciosos administrativos deben conocer de estos casos. La decisión se fundamenta en la necesidad de mantener un criterio uniforme y evitar la sobrecarga de competencias en los tribunales.
Extracto de la motiva
La presente causa fue remitida a esta Sala, a los fines de que se determinase a cuál tribunal le corresponde conocer de un recurso de nulidad intentado contra un acto emanado de una Inspectoría de Trabajo, mediante el cual se autorizó el despido del ciudadano José Ángel Villegas. Al respecto, se advierte que la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en sentencia N° 1.318 de fecha 02 de agosto de 2001, caso: Teresa Suárez Hernández, señaló que en casos como el de autos la competencia le correspondía a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, indicando: (...) En consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que implica que, en el futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo, por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicios. (...)
Dispositiva
Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena remitir el presente expediente contentivo recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSE ANGEL VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N° 4.959.540, asistido por el abogado Elvis A. Rosales N., contra la Resolución N° 20-99 de fecha 30 de abril de 1999, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA, mediante la cual se autorizó el despido del recurrente, a la Sala Plena de este Alto Tribunal, a los fines de que resuelva el conflicto planteado sobre la competencia para conocer, entre los criterios de la Sala Constitucional y de la Sala Político-Administrativa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a las partes y remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
nulidaddespidocompetenciaInspectoría del Trabajojurisdicción contencioso-administrativarecursoderechos laboralesdecisión judicial