Sentencia N° 352 Político-Administrativa TSJ 2001: JESÚS ALEXIS BETANCOURT GAÑANGO, CIRO ULLOA… vs Ministerio de la Defensa

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la nulidad de la Resolución N° M-2119 del Ministerio de la Defensa, que ordenó el retiro de varios ciudadanos del Servicio Activo de las Fuerzas Armadas. Los demandantes argumentaron que no se les notificó formalmente la resolución y que no se observó el procedimiento legal, lo que fundamentó su solicitud de nulidad. La Sala, tras analizar el caso, concluyó que la falta de impulso procesal por parte de los demandantes llevó a la perención de la instancia, declarando la nulidad de la resolución impugnada.

El artículo 86 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal establece, en cuanto a la perención de instancia, como regla general aplicable a los procedimientos que cursen ante este órgano jurisdiccional, lo siguiente: “Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento. Transcurrido el lapso señalado, la Corte, sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte. Lo previsto en este artículo no es aplicable en los procedimientos penales.” Ahora bien, el examen detenido del dispositivo transcrito exige por parte de la Sala una revisión del criterio que ha venido manteniendo en materia de perención, por las razones siguientes: el texto del artículo es bastante claro, cuando establece que las reglas contenidas en él deben aplicarse en los procedimientos que cursan ante el Máximo Tribunal, salvo en dos casos: cuando existan disposiciones especiales o en los procedimientos penales. Al respecto, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal, en reciente decisión de fecha 13 de febrero del año en curso, (Caso: Molinos San Cristóbal Vs. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ahora Ministerio de Infraestructura), con ocasión de la cual se sentó el siguiente criterio: “...Aunque no puede generar dudas la regla establecida en el mencionado precepto en cuanto a los procedimientos penales, sí se hace en cambio necesario profundizar el examen en cuanto al otro supuesto de excepción, de acuerdo al cual siempre resultará aplicable en materia de perención el artículo 86 eiusdem, salvo cuando existan disposiciones especiales. Aquí es menester detenerse para subrayar que sólo cuando esté expresamente regulado un procedimiento judicial, el cual debe ventilarse ante el Alto Tribunal, y dentro de esas disposiciones se establezca algo distinto, es que sería inaplicable el mencionado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Corresponde examinar entonces, a la luz de los principios delineados, según cada caso concreto, si existen disposiciones especiales que regulen la perención en esos supuestos. Bajo esos parámetros se observa que en el presente asunto se está demandando la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº M-2119 de fecha 24 de diciembre de 1987. Es decir, se trata de una acción de anulación ejercida en los términos del artículo 121 eiusdem, y siendo que no existe disposición especial que regule la materia, procede la plena aplicación de las reglas contenidas en el artículo 86 eiusdem. Ahora bien, dado que en el expediente, la representación judicial de la parte recurrente después de haber consignado en fecha 18 de noviembre de 1992 su escrito de informes no volvió a impulsar el proceso, sino hasta el 7 de febrero de 1995, oportunidad esta última en la que pide se dicte sentencia, resulta forzoso concluir que habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en el indicado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ha consumado de pleno derecho la perención y en consecuencia, extinguido la instancia en el presente proceso, lo cual declara esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente y devuélvanse los antecedentes administrativos. Cúmplase lo ordenado.