La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, respecto a un recurso de nulidad interpuesto por Rosa Mercedes Galíndez. La Sala determinó que corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental conocer del caso, dado que se trata de un acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara.
Extracto de la motiva
Ahora bien, en el caso de autos se ha planteado un conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, para conocer de un recurso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo de fecha 24 de agosto de 2000, emanada de la Inspectoría del Trabajo en Estado Lara, mediante el cual homologó la transacción celebrada entre la recurrente y la extinta Asamblea Legislativa del Estado Lara, sobre las diferencias de prestaciones sociales y demás conceptos laborales. Por tanto, en virtud de estar involucrado en dicha regulación un Tribunal perteneciente a la jurisdicción contencioso administrativa, esta Sala Político-Administrativa, actuando como cúspide de la misma, se declara competente para conocer el conflicto planteado.
Dispositiva
Con fundamento en los argumentos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que CORRESPONDE AL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL, la COMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el abogado Honorio Meléndez, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ROSA MERCEDES GALÍNDEZ, contra el acto administrativo de fecha 24 de agosto 2000, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO LARA, mediante el cual homologó la transacción celebrada entre la recurrente y la extinta Asamblea Legislativa del Estado Lara, sobre la diferencia de prestaciones sociales y demás conceptos laborales, reclamados por la referida ciudadana contra el mencionado ente.
Palabras clave
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