Sentencia N° 342 — Sala Político Administrativa del TSJ, 11 de junio de 2019

La sentencia declara con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por Yanina Coromoto Figueroa Barreto contra la negativa del Fisco Nacional de expedir copia certificada de la declaración sucesoral del causante Tommaso Mantarro. El Tribunal concluye que la recurrente tiene un interés legítimo en obtener dicha copia, dado que su solicitud está relacionada con la posibilidad de registrar documentos de compra-venta de inmuebles adquiridos de una sociedad mercantil vinculada al causante.

Delimitada así la litis, pasa esta Sala a decidir y a tal efecto observa: 1.- Competencia por la materia. Sobre el particular, la representación del Fisco Nacional alegó que el recurso contencioso tributario “no era procedente, puesto que no es competente por la materia”. Del alegato formulado por la Administración Tributaria se desprende que no es la improcedencia del recurso contencioso tributario lo que aduce en este punto, sino la incompetencia del Tribunal de instancia para conocer de él, en razón de la materia. Al respecto, esta Sala considera oportuno traer a colación lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente: “Artículo 60.- La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso. La incompetencia por el valor puede declararse aun de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia. La incompetencia territorial, con excepción de los casos previstos en la última parte del artículo 47, puede oponerse sólo como cuestión previa, como se indica en el artículo 346. La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a esa indicación, la competencia del Juez indicado queda firme y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos”. Conforme a la citada disposición la incompetencia por la materia puede ser declarada de oficio o a instancia de parte, lo cual se infiere de la expresión del legislador “aún de oficio”. [Vid., sentencia Núm. 01523 del 26 de noviembre de 2008, caso: Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN)]. Ante este escenario, es necesario referirse a lo establecido por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Núm. 23 del 10 de abril de 2008, caso: Corena S.R.L., en la cual consideró lo siguiente: “(…) Ante vulneraciones en materia competencial como la advertida, es valioso destacar la sentencia Nº 144 del 24 de marzo de 2000 (Exp. 00-0056), dictada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal que, al ejercer la facultad extraordinaria de revisión contra un fallo dictado por un juez superior, señaló: (…) ‘Los jueces a quienes la ley ha facultado para juzgar a las personas en los asuntos correspondientes a las actividades que legalmente pueden conocer, son los jueces naturales, de quienes se supone conocimientos particulares sobre las materias que juzgan, siendo esta característica, la de la idoneidad del juez, la que exige el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de estas parcelas, los distintos órganos jurisdiccionales a que pertenecen ellas, se distribuyen el conocimiento de los casos según las reglas de la competencia, bien sea por la cuantía, el territorio o la materia. Para evitar un caos, y ordenar la administración de justicia, hay reglas de competencia que se consideran de orden público y son inderogables, mientras que hay otras que no lo son. La competencia por la materia se encuentra entre las primeras, mientras que las que determinan el territorio, por ejemplo, están entre las segundas. El órgano que ejerce la jurisdicción, en cuanto a la competencia por la materia, es por excelencia el juez natural de las personas que tengan que ventilar litigios relativos a esas materias. Como el ser juzgado por el juez natural es una garantía judicial, y un elemento para que pueda existir el debido proceso, la abrogada Constitución de 1961 en su artículo 69, así como la vigente en su artículo 49, consagran el derecho de las personas naturales o jurídicas de ser juzgadas por dicho juez, quien además debe existir como órgano jurisdiccional con anterioridad a los hechos litigiosos sin que pueda crearse un órgano jurisdiccional para conocer únicamente dichos hechos después de ocurridos (...) La comentada garantía judicial, es reconocida como un derecho humano por el artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica y por el artículo 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta garantía judicial es una de las claves de la convivencia social y por ello confluyen en ella la condición de derecho humano de jerarquía constitucional y de disposición de orden público, entendido el orden público como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad. Dada su importancia, no es concebible que sobre ella existan pactos válidos de las partes, ni que los Tribunales al resolver conflictos atribuyan a jueces diversos al natural, el conocimiento de una causa. El convenio expreso o tácito de las partes en ese sentido, al igual que la decisión judicial que trastoque al juez natural, constituyen infracciones constitucionales de orden público. (…)

Se declara con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la ciudadana YANINA COROMOTO FIGUEROA BARRETO, contra la Resolución Num. SNAT/INTI/GRTI/RCA/STILAM/ASJ/2011/0282 de fecha 11 de marzo de 2011, dictada por el Jefe del Sector de Tributos Internos de Los Altos Mirandinos, la cual se anula; en consecuencia, se ordena a la Administración Tributaria expedir la copia certificada de la declaración sucesoral del causante Tommaso Mantarro.