Sentencia N° 340 Político-Administrativa TSJ 2001: Banco de Maracaibo S.A.C.A vs Alcaldía DEL Municipio Torres DEL Estado Lara

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, en un caso relacionado con la nulidad de un contrato administrativo. Se argumenta que el contrato en cuestión tiene características de un contrato administrativo, lo que justifica la competencia de esta Sala. La decisión se fundamenta en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que establece la competencia de la Sala para conocer de cuestiones relacionadas con contratos administrativos.

Con la finalidad de determinar el órgano competente para conocer de la presente causa, considera la Sala necesario precisar la naturaleza jurídica del contrato objeto de la misma, ya que si se trata de un contrato administrativo la competencia corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, y específicamente a esta Sala, y si por el contrario se considera al mencionado contrato como uno de los llamados de derecho privado de la Administración, la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria. En tal sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Sala han señalado como características esenciales de los contratos administrativos: que una de las partes sea un ente público; la finalidad de utilidad de servicio público en el contrato, y como consecuencia de lo anterior, se entiende la presencia de ciertas prerrogativas exorbitantes de la Administración en dichos contratos, aun cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto de los mismos. Así, el numeral 14 artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone lo siguiente: “Artículo 42: Es de la competencia de la Corte como más Alto Tribunal de la República: 14.- Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades”. En este sentido, corresponde a la Sala conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades, y comprobada como ha sido la existencia de un recurso contencioso-administrativo dirigido a impugnar resoluciones municipales que tienen por objeto la resolución de un contrato administrativo, debe entonces aplicarse la regla atributiva de competencia, contenida en el referido numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, según la cual es competencia de esta Sala Político-Administrativa conocer de la presente causa, y así se declara.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem. Se ordena la designación de Ponente a los fines de decidir sobre el fondo de la presente demanda, lo cual se acordará por auto separado, previa notificación de las partes. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental. Cúmplase lo ordenado. Publíquese, regístrese y comuníquese.