Sentencia N° 335 Político-Administrativa TSJ 2000: Lidia Villafuerte de Vargas, Waldo Franklin… vs Josefina C. Martínez

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio por resolución de contrato de arrendamiento. Los demandantes alegaron falta de pago de cánones de arrendamiento, mientras que la demandada planteó la falta de jurisdicción del juez. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada, confirmando la decisión impugnada del tribunal inferior.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por desalojo, resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, por la supuesta falta de pago de los cánones de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos LIDIA VILLAFUERTE DE VARGAS, WALDO FRANKLIN VARGAS VILLAFUERTE, DAVID VARGAS VILLAFUERTE, JORGE WASHINGTON VARGAS VILLAFUERTE, PATRICIA ELIZABETH VARGAS VILLAFUERTE, CAROLINA VARGAS VILLAFUERTE Y JOSÉ MARÍA VARGAS VILLAFUERTE, contra la ciudadana Josefina C. Martínez. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 29 de septiembre de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 ejusdem, se impone multa a la ciudadana Josefina C. Martínez, titular de la cédula de identidad Nº 3.986.434, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.