Sentencia N° 325 — Sala Político Administrativa del TSJ, 11 de junio de 2019

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, decidió sobre el recurso contencioso tributario interpuesto por Tubos Conelg, C.A. contra el Acta de Cobro número 1272 del 1° de diciembre de 2000, que exigía el pago de tributos, multas e intereses. La Sala declaró con lugar el recurso, argumentando que el Acta de Cobro carecía de motivación y violaba el derecho a la defensa, ya que no se indicaron los actos administrativos previos que justificaran la deuda reclamada.

Vistos los términos en que fue planteado el escrito recursorio, así como los alegatos en su contra por parte de la representación judicial de la Administración Tributaria, observa este Tribunal que en el presente caso, la controversia se contrae a dilucidar respecto a la procedencia o no de la solicitud de nulidad del acto administrativo contenido en el Acta de Cobro N° 1272 de fecha primero (01) de Diciembre de 2000, contra la cual la recurrente alega: Prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido; violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y principio de legalidad tributaria; Inmotivación absoluta del acto administrativo recurrido, incompetencia del funcionario, prescripción de la obligaciones tributarias e improcedencia de los intereses moratorios. Este Tribunal observa que en el presente caso, el asunto planteado a través del Recurso Contencioso Tributario, es uno de los puntos sobre los cuales la doctrina y la jurisprudencia han venido opinando de manera sistemática y que se hace necesario aclarar antes del análisis de fondo, toda vez que el Acta de Cobro, perfectamente encaja en lo que el legislador ha denominado intimación de derechos pendientes, lo cual presupone para su procedencia, la notificación previa de un acto que determine tributos, imponga sanciones o afecte a los administrados; o el conocimiento de la Administración Tributaria de una autoliquidación con pago incompleto. En general, los avisos de cobro sólo aparejan una actuación de gestión extrajudicial de cobranza. En principio, no son determinativos de tributos, sanciones ni accesorios, sino que son actos contentivos de obligaciones tributarias previamente determinadas y declaradas definitivamente firmes en un iter abierto a tal afecto, por lo que se traducen en actos integrantes del procedimiento preparatorio de la vía ejecutiva y, por tanto, inimpugnables; salvo que al analizar el acto concreto se constate que con el mismo la Administración Tributaria no se limitó a compeler el pago de obligaciones previamente determinadas y firmes, sino que fue más allá al exigir una nueva y verdadera determinación tributaria o bien sus accesorios o sanciones desconocidos hasta ese momento por el contribuyente y sobre los cuales éste -por desconocerlos- no haya podido hacer valer ningún tipo de control o defensa en vía administrativa. En el caso bajo análisis, si bien el Acta de Cobro expresa los montos de los tributos, multas e intereses a pagar, no identifica los actos que los contienen; vale decir, la recurrente no fue notificada de un acto administrativo previo según el cual se comprobara el origen de esos impuestos, multas e intereses exigidos por la Administración Tributaria, ni tampoco consta en las actas procesales, ningún acto que haya originado el Acta de Cobro objeto del recurso con el cual se incoa este proceso, ni tampoco se indicó si era consecuencia de un proceso de autoliquidación efectuado por la propia empresa contribuyente.

Se declara con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Tubos Conelg, C.A., contra el Acta de Cobro número 1272 del 1° de diciembre de 2000, notificada el 6 del mismo mes y año, acto administrativo que se anula.