Sentencia N° 32 — Sala Político Administrativa del TSJ, 9 de enero de 2003

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la solicitud de exequátur presentada por Karl Krister Martinson, quien solicitó una medida cautelar de embargo sobre bienes de la sociedad mercantil Corporación Archivos Móviles Archimóvil C.A. La solicitud fue fundamentada en la negativa de pago de una deuda reconocida en una sentencia colombiana. La Sala examinó los requisitos legales para conceder medidas cautelares, destacando la necesidad de demostrar la existencia de un riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo resultara ilusoria.

Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando exista en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal motivo es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). En cuanto al primero de los requisitos mencionados (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. Con referencia al segundo de los requisitos (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo dirigidos a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Con fundamento en las razones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO a que se refiere el presente cuaderno de medidas. Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese el cuaderno de medidas al expediente de la causa. Cúmplase lo ordenado.