Sentencia N° 318 Político-Administrativa TSJ 2001: Elsa Ramírez de Ramos vs Contralor General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por ELSA RAMÍREZ DE RAMOS contra la Resolución del Contralor General de la República. La recurrente alegó que las órdenes de pago aprobadas estaban exceptuadas del control previo, pero la Sala concluyó que su intervención en la infracción imputada fue decisiva, ya que aprobó las órdenes de pago sin verificar su correcta imputación presupuestaria. La decisión se fundamenta en la violación de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Lara.

La intervención de la recurrente en la infracción imputada, se evidencia del hecho de que efectivamente aprobó las órdenes de pago, incumpliendo con el deber que le imponen los artículos 29, numeral 1 y 49 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Lara, que establecen: 'Artículo 29: Corresponde a la Dirección de Control Previo: (...) Ejercer el control previo de las adquisiciones de bienes o servicios y de otros contratos que proyectan celebrar los Despachos del ejecutivo y que implican compromisos financieros para el Estado, salvo las excepciones que establezcan las leyes pertinentes'. 'Artículo 49: Las órdenes de pago que se emitan contra el Tesoro Estadal, deberán ser sometidas a la aprobación de la Contraloría General del Estado Lara, sin cuyo requisito no podrán ser pagadas(...)'. Las normas transcritas supra, constituyen argumento suficiente para señalar que la intervención de la recurrente en la infracción imputada, es decisiva, pues sin la aprobación de dichas órdenes, el pago no podría ser efectuado, razón por la cual, la recurrente no puede excusar su incumplimiento, en el simple hecho de que ella no fue quien dispuso del crédito.

1) SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por la ciudadana ELSA RAMÍREZ DE RAMOS, asistida por el abogado MANUEL SALVADOR RAMOS, contra el acto administrativo contenido en la Resolución s/n de fecha 8 de enero de 1999 dictada por el Contralor General de la República. 2) NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en cuanto a la solicitud de suspensión de efectos formulada por la recurrente, de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.