La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer la demanda presentada por Silverio Antonio Narváez Fernández contra la República Bolivariana de Venezuela, en la que se solicita el pago de una indemnización integral. La demanda fue estimada en tres mil millones de bolívares, superando el umbral de competencia establecido por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala concluye que se cumplen los requisitos para aceptar la competencia, dado que la acción se dirige contra la República y la cuantía excede las setenta mil unidades tributarias.
Extracto de la motiva
La presente causa consta, tal y como lo expresa el demandante en su escrito, de una ‘demanda contra la República Bolivariana de Venezuela’, a través de la cual pretende ‘el pago de una INDEMNIZACIÓN INTEGRAL, incluidos daños y perjuicios’, la cual estima, en definitiva, en tres mil millones de bolívares. Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 5, cardinal 24, establece la competencia de este Tribunal Supremo, en Sala Político-Administrativa, para conocer de ‘las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios (…), si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.)’. Así las cosas, por cuanto con la demanda de autos se pretende la condena a la República al pago de una indemnización, la cual excede las setenta mil una unidades tributarias, tal como lo requiere la norma atributiva de competencia, esta Sala declina la competencia para el conocimiento de la causa en la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Dispositiva
Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, a los fines de conocer la demanda incoada por el ciudadano SILVERIO ANTONIO NARVÁEZ FERNÁNDEZ, asistido por el abogado Rafael G. Milanés, ambos identificados, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, a través de la cual se pretende “el pago de una INDEMNIZACIÓN INTEGRAL, incluidos daños y perjuicios”, de conformidad con el numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el primer aparte del referido. En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre los requisitos de admisión de la demanda, con prescindencia de la competencia aquí aceptada.