Sentencia N° 309 — Sala Político Administrativa del TSJ, 20 de abril de 2010

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental. Ambos juzgados se declararon incompetentes para conocer de la demanda por cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios presentada por Carlos Augusto Hernández Herrera contra el Banco Bicentenario.

En el presente caso se ha planteado un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, los cuales se declararon incompetentes por la materia, para conocer de la demanda de autos. No obstante, observa esta Máxima Instancia que el primero de ellos tiene atribuida competencia en materia civil, mercantil y tránsito, mientras que el segundo la tiene en materia administrativa. Como puede apreciarse, los tribunales involucrados en el conflicto no tienen un tribunal superior común, por lo que es necesario invocar la sentencia Nº 24, dictada por la Sala Plena de este Máximo Tribunal en fecha 26 de octubre de 2004, la cual dispuso que los conflictos de competencia que se presenten entre tribunales de distintas “jurisdicciones”, sin un superior común, deben ser conocidos por dicha Sala.

Conforme a los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es INCOMPETENTE para conocer el conflicto negativo de competencia planteado. 2.- Que corresponde a la SALA PLENA DE ESTE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA la COMPETENCIA para conocer el conflicto negativo de competencia planteado en la demanda por cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios incoada por el ciudadano Carlos Augusto HERNÁNDEZ HERRERA contra la sociedad mercantil BANFOANDES, BANCO UNIVERSAL, C.A., hoy BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A.