Sentencia N° 308 Político-Administrativa TSJ 2001: Oscar Pérez Castillo vs Superintendencia de Bancos y otras…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 6 de marzo de 2001, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Pérez Castillo y otros, contra el artículo 31 de la Ley Especial de Protección y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras. La Sala acordó la inaplicación de dicho artículo y la suspensión de la Resolución Nº 078-94 de la Superintendencia de Bancos, que exigía la declaración jurada de patrimonio a los recurrentes.

La Sala observa que la acción de amparo constitucional fue interpuesta por los ciudadanos Oscar Pérez Castillo y otros, quienes alegaron la vulneración de sus derechos constitucionales por la aplicación del artículo 31 de la Ley Especial de Protección y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras. En este sentido, se argumentó que la exigencia de presentar una declaración jurada de patrimonio constituía una medida desproporcionada y que afectaba sus derechos fundamentales. La Sala, al analizar los argumentos presentados, concluyó que la norma impugnada no se ajustaba a los principios de necesidad y proporcionalidad, lo que justificaba la declaración de su inaplicación. Asimismo, se destacó que la resolución emitida por la Superintendencia de Bancos, que exigía dicha declaración, también debía ser suspendida, ya que su aplicación generaba un impacto negativo en los derechos de los recurrentes.

Por lo expuesto, esta Sala declara con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos Oscar Pérez Castillo y otros, acordando la inaplicación del aparte único del artículo 31 de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, así como la suspensión de la Resolución Nº 078-94 de fecha 29 de junio de 1994, emitida por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, quedando así los recurrentes relevados de presentar ante ese organismo la declaración jurada de patrimonio exigida.