Sentencia N° 3045 Político-Administrativa TSJ 2001: Ana Pastora Hernández vs Pedro Inocencio Colmenarez — Jurisdicción en caso de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de desalojo interpuesto por Ana Pastora Hernández contra Pedro Inocencio Colmenarez. La demandante alegó ser la propietaria del inmueble y solicitó el desalojo debido a la falta de pago del canon de arrendamiento. El demandado, por su parte, alegó la existencia de un delito de estafa y cuestionó la jurisdicción del tribunal.

El artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios dispone: “Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley y al procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía”. De acuerdo a lo anterior, al estarse solicitando al demandado el desalojo de un inmueble, el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer de la identificada demanda. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana ANA PASTORA HERNÁNDEZ, contra el ciudadano PEDRO INOCENCIO COLMENAREZ. Queda así confirmada la decisión emitida por el a quo en fecha 26 de octubre de 2001. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.