Sentencia N° 3022 Político-Administrativa TSJ 2001: Importadora Sajaco, C.A. — Competencia en apelación de amparo constitucional

TSJ/SPA, Sent. N° 03022, Exp. 01-0240, 18/12/2001 · 13 de diciembre de 2001
Expediente01-0240
Parte actora / solicitanteIMPORTADORA SAJACO, C.A.
PonenteHADEL MOSTAFÁ PAOLINI
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoCasacion Civil
Fecha de la decisión2001-12-13
DecisiónSin Lugar

Resumen

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre su competencia para conocer la apelación interpuesta por la abogada Adriana Esculpi M. en representación de la contribuyente Importadora Sajaco, C.A. contra una decisión del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional. La Sala determinó que no tenía competencia para conocer del recurso, ya que esta correspondía a la Sala Constitucional del TSJ.

Extracto de la motiva

Corresponde a esta Sala, pronunciarse sobre su competencia para conocer la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario en fecha 13 de marzo de 2001, por medio de la cual, se declaró inadmisible la acción autónoma de amparo constitucional interpuesta por la contribuyente Importadora Sajaco, C.A., contra el acto administrativo contenido en el acta de retención dictada por el Destacamento Nº 58 del Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional en fecha 1º de diciembre de 2000. A tal efecto, se observa lo siguiente: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en la norma prevista en el artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Además, otorga en forma expresa, competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica -la cual deberá ser sancionada por la Asamblea Nacional-, la distribución de otras competencias no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la entonces Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas, tal como se dejó establecido en decisión de esta Sala de fecha 17 de enero de 2000 (Caso: José Ramírez Córdoba). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266, que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional y, por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.

Dispositiva

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) Que no tiene COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Adriana Esculpi M., actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente IMPORTADORA SAJACO, C.A. sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 21 de abril de 1995, bajo el Nº 13, Tomo 148-A-Sgdo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en fecha 13 de marzo de 2001, por medio de la cual se declaró inadmisible la acción autónoma de amparo constitucional interpuesta por la prenombrada abogada actuando con el carácter de autos, contra el acto administrativo contenido en el acta de retención dictada por el Destacamento Nº 58 del Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional en fecha 1º de diciembre de 2000. 2. Que la COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta, está atribuida a la SALA CONSTITUCIONAL de este TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala competente antes indicada. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Palabras clave

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