Sentencia N° 3010 Político-Administrativa TSJ 2001: Dianna Estela Pérez Mendoza vs Tribunal Disciplinario del Colegio de…

La Sala Político-Administrativa del TSJ se pronunció sobre la consulta remitida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, relacionada con un amparo constitucional interpuesto por Dianna Estela Pérez Mendoza. La Corte Primera había declarado sin lugar la solicitud de amparo, argumentando que la violación del derecho a la defensa y al debido proceso no se había demostrado, ya que la accionante había tenido conocimiento del procedimiento y de la decisión impugnada. La Sala confirmó esta decisión, señalando que la suspensión del ejercicio de la profesión de la demandante era una medida sancionatoria válida y no constituía una violación a su derecho al trabajo.

En el presente caso, la accionante acudió a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo con el propósito de solicitar amparo constitucional contra la decisión que fuera dictada por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal y que, a su entender, le resultaba lesiva en sus derechos constitucionales. Específicamente, fundamentó su solicitud cautelar en la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso; su derecho al trabajo y al honor y la reputación; siendo declarada sin lugar por el órgano jurisdiccional la solicitud de amparo interpuesta, en base a las razones anotadas en la narrativa de este fallo. Sobre el particular, estima esta Sala que la denuncia de violación del derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso, supone, ente otras manifestaciones, expresadas por vía jurisprudencial, el desconocimiento de la decisión que le lesiona en sus derechos constitucionales, lo cual como ha de observarse no se aplica en el caso de autos, pues la accionante logró conocer desde el mismo momento de la apertura del procedimiento disciplinario, los pormenores de la sustanciación del expediente administrativo del caso, al igual que la propia decisión impugnada; con lo cual resulta que pretender la obtención de un mandamiento de amparo, sobre la base de la falta de notificación de la decisión emanada del Tribunal Disciplinario, a pesar de tener conocimiento de la misma, sería tanto como desvirtuar el carácter de la institución del amparo constitucional, pues está visto que la falta de notificación en este caso, podría afectar la formalidad del procedimiento, pero en ningún caso atentaría contra el derecho a la defensa de la solicitante del amparo, dado que mantuvo permanente información del procedimiento administrativo llevado a cabo, incluso pudo ejercer el recurso correspondiente en tiempo oportuno.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia sometida a consulta, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo en fecha 11 de octubre de 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo. Cúmplase lo ordenado.