Sentencia N° 301 Político-Administrativa TSJ 2001 — Conflicto de autoridades en el Municipio Carirubana del…

La sentencia se refiere a un conflicto de autoridades en el Municipio Carirubana del Estado Falcón, donde se solicitó un pronunciamiento sobre quiénes son las legítimas autoridades de la Cámara Municipal. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tras analizar el caso, determinó que la competencia para conocer y decidir corresponde a la Sala Electoral, dado que el conflicto se origina de la existencia de múltiples autoridades en los cargos de Vicepresidente, Secretario y Síndico Procurador. La decisión se fundamenta en la necesidad de mantener el funcionamiento del Estado y la claridad en la legitimidad de las autoridades municipales.

El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada, mediante referendo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho Texto Fundamental dispone, en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia así como de las distintas Salas que lo integran, y otorga a cada una de ellas ciertas competencias, dejando a cargo de la respectiva ley orgánica, la distribución de aquellas no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado en todos sus poderes, debe este Supremo Tribunal continuar son su labor de máximo administrador de justicia. Así, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley reguladora de las funciones de este Tribunal Supremo de Justicia, las distintas Salas se encuentran en la obligación de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por la extinta Corte Suprema de Justicia, así como los que ingresen, atendiendo principalmente a la afinidad existente entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de ellas. En virtud de lo anterior, debe precisarse si el presente caso, referido a un conflicto de autoridades suscitado en el Municipio Carirubana del Estado Falcón, está vinculado con las materias que en esta Sala se ventilan. En tal sentido, este Alto Tribunal, en sentencia del 17 de febrero de 2000, registrada bajo el Nro. 179, se pronunció acerca de la competencia de las Salas Electoral y Político-Administrativa para conocer de los conflictos institucionales a que se refiere el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. En esa oportunidad, se estableció una clara diferencia entre los conflictos originados con motivo de la ejecución de las potestades públicas que son inherentes a las distintas autoridades locales, y aquellos relacionados con la determinación de las autoridades legítimas de esas entidades territoriales, supuesto éste que guarda estrecha relación con el ejercicio del Poder Electoral cuyas funciones se encuentran consagradas en el artículo 293 del Texto Fundamental.

DECLARA QUE LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa corresponde a la Sala Electoral de este Máximo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.