Sentencia N° 3 Político-Administrativa TSJ 2001: Carlos Eduardo Mendoza Miranda — Declaración de incompetencia de la Sala…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se declaró incompetente para conocer del recurso de apelación interpuesto por Carlos Eduardo Mendoza Miranda, debido a que la competencia corresponde a la Sala de Casación Penal. La decisión se fundamenta en la normativa vigente que establece la distribución de competencias entre las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala ordenó remitir el expediente a la Sala competente para su tramitación.

Para decidir, la Sala observa: En el caso de autos, la decisión judicial impugnada, ha emanado de un Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, en virtud de lo cual debe analizarse si es esta Sala Político-Administrativa, el órgano jurisdiccional competente para conocer del asunto. Se observa que el Tribunal a quo fundamentó su remisión en el artículo 61 de la derogada Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos del 31 de marzo de 1.964, que establecía lo siguiente: “De la sentencia podrán apelar las partes para ante la Corte Suprema de Justicia, en el término de diez días hábiles, a contar de la fecha en que fuere publicada”. Asimismo, la citada Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos fue derogada por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público del 23 de diciembre de 1.982, la que a su vez fue parcialmente derogada por el Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.208 Extraordinario, del 23 de enero de 1.998. Ahora bien, de los textos legales comentados, no se desprende norma alguna que otorgue a esta Sala Político Administrativa la competencia para conocer de las apelaciones de las sentencias definitivas dictadas por los antiguos Tribunales de Primera Instancia en lo Penal. En efecto, tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, distribuyen la competencia dentro del Tribunal Supremo de Justicia entre las distintas Salas que lo conforman, otorgando a la Sala de Casación Penal, la competencia en cuanto a la materia penal se refiere; es decir, que es esa Sala y no ésta, a quien corresponde el conocimiento como máximo jerarca de los asuntos penales seguidos de conformidad con las leyes adjetivas en dicha materia.

En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer el presente asunto, por corresponder la misma a la Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.