Sentencia N° 299 Político-Administrativa TSJ 2001: Abdon Vivas O’connor — Aclaratoria de sentencia

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de aclaratoria del fallo dictado el 18 de noviembre de 1999, en el que se suspendieron los efectos de un acto administrativo sancionatorio. Se determinó que la solicitud no se refería a una aclaratoria, sino a una interpretación de la norma, lo cual no es procedente. Además, se abordó la petición de consignar la garantía en efectivo, la cual también fue declarada improcedente debido al principio de cosa juzgada.

La figura de la aclaratoria, ampliación y rectificación de las sentencias se encuentra contemplada en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “Artículo 252: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente”. Respecto al alcance de dicho dispositivo, se ha establecido que alude a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias, por medios específicos, siendo tales medios de corrección: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que presenten las sentencias (ver sentencia N° 186, de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de febrero de 2000). Así, cada uno de los medios de corrección de la sentencia, presentan su propia especificidad procesal, a pesar de que frecuentemente se les trate uniformemente, creándose así confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud. Para evitar incurrir en los errores antes expuestos debe aclarar la Sala que la solicitud interpuesta por el abogado Orlando Aníbal Alvarez Arias, no se refiere a una “aclaratoria” por cuanto en tal supuesto la petición estaría dirigida a precisar algún concepto ambiguo, oscuro, vago o poco claro que se haya deslizado en el fallo y pueda prestarse a confusión. Por el contrario, su petición se dirige a solicitar de la Sala que exponga su criterio sobre una norma contenida en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no constituye, se insiste, objeto de aclaratoria del fallo dictado; por tanto, resulta forzoso para esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declarar improcedente la solicitud de aclaratoria formulada. Así se decide.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: 1.- IMPROCEDENTE la aclaratoria de la sentencia de fecha 18 de noviembre de 1999, referida a la solicitud prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 2.- NO TENER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR respecto a la petición para consignar en lugar de la fianza exigida, su monto en dinero efectivo. 3.- Se concede un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de la notificación del accionante de la presente decisión, para que consigne una caución o fianza bancaria o de empresa de seguro por la cantidad de ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 840.000,oo), en las condiciones ordenadas por el referido fallo dictado por esta Sala en fecha 18 de noviembre de 1999. Se advierte que la no presentación de la caución o fianza, dentro del plazo señalado, o la falta de impulso procesal, dará lugar a la revocatoria de la medida acordada. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.