Sentencia N° 2982 Político-Administrativa TSJ 2001: José Luis Molina Martínez vs Instituto Venezolano de los Seguros Sociales…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el recurso de nulidad interpuesto por José Luis Molina Martínez, presidente de la sociedad mercantil Construcciones y Mantenimiento 3188195, C.A., contra la resolución Nº 320 de la Junta Liquidadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La resolución impugnada revocó la autorización de contratación de la empresa para la remodelación del servicio de emergencia del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, alegando la invalidez del certificado de inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Contratistas. La Sala determinó que la revocatoria se fundamentó en razones de interés general y en la presunta existencia de un hecho ilícito relacionado con el forjamiento de documentos. Se concluyó que la Junta Liquidadora actuó conforme a derecho al revocar la autorización de la contratación, ya que no se había formalizado el contrato definitivo y se consideró que no era necesaria la apertura de un procedimiento administrativo para dicha revocatoria. Finalmente, la Sala declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto y no tuvo materia sobre la solicitud de amparo cautelar, concluyendo que se garantizó el derecho a la defensa del recurrente al haber ejercido los recursos correspondientes.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la resolución Nº 320, Acta Nº 31, de fecha 8 de mayo de 2000 y a tal efecto observa: Alega la parte recurrente que la resolución Nº 0258, por medio de la cual se notificó el acto impugnado adolece del vicio de inexactitud e incongruencia en su texto, por lo que considera la sociedad recurrente que “...la Notificación (...) no surtió ni surte ningún efecto legal sobre nuestra representada por no plasmarse dentro de la misma, el texto íntegro de lo dispuesto en el acto administrativo aquí impugnado,...”. Del mismo modo, indicó que la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 3188195, C.A., no fue notificada en ningún momento del inicio de procedimiento administrativo alguno, que culminara con la resolución impugnada, impidiéndosele el ejercicio de su derecho a la defensa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También se alegó que el acto administrativo impugnado “...adolece de serios vicios de legalidad como lo son (...) los vicios de ilegalidad por ausencia de base legal en su fundamentación y falso supuesto en su motivación por ser errónea la interpretación dada a la normativa legal en el Acto Administrativo impugnado,...”. En primer lugar debe esta Sala pronunciarse respecto del vicio en la notificación del acto impugnado alegado por la parte actora, y al respecto observa, que la finalidad de la notificación es poner en conocimiento al interesado del acto que lo afecta, a los fines de que ejerza los recursos administrativos o jurisdiccionales correspondientes y así se garantice efectivamente su derecho a la defensa. En este orden de ideas, debe señalarse que en el caso bajo análisis la parte recurrente ejerció el recurso contencioso administrativo de anulación contra el acto dictado por la Junta Liquidadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, alegando contra dicho acto los vicios de ilegalidad que consideró pertinentes, por lo que, estima la Sala que cualquier vicio del cual pudiera adolecer la notificación del acto impugnado, ha sido subsanada por la actora, toda vez que se ha cumplido con su finalidad, como lo es que la afectada estuviera en conocimiento del acto y que ejerciera los recursos correspondientes. En consecuencia, el presente alegato debe ser desechado y así se declara.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por el ciudadano José Luis Molina Martínez, actuado en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 3188195, C.A., antes identificada, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la resolución Nº 320, Acta 31 de fecha 8 de mayo de 2000, dictada por la Junta Liquidadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.). 2) NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en cuanto a la solicitud de amparo cautelar formulada en el presente caso. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.