Sentencia N° 2973 Político-Administrativa TSJ 2001: Parrillera el Ranchon de Montaña C.A. vs Servicio Nacional Integrado de…

La sociedad mercantil Parrillera El Ranchon de Montaña C.A. interpuso una acción de amparo constitucional contra la Administración Tributaria debido a la demora en decidir un recurso jerárquico. El Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario declaró inadmisible la acción. Posteriormente, la Sala Político-Administrativa del TSJ, al conocer de la apelación, decidió declinar la competencia para conocer el caso a la Sala Constitucional del mismo Tribunal, argumentando que la jurisdicción constitucional es ejercida por dicha Sala según lo establecido en la Constitución.

La vigente Constitución otorga en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva Ley Orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida Ley Orgánica, reguladora de las funciones de este Alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de la Sala Político Administrativa del 17 de enero de 2000, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional y por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido. Al respecto, esta Sala Político-Administrativa, tal como señaló en sentencia de fecha 17 de febrero del 2000 signada con el Nº 152, sigue los criterios interpretativos expresados por la Sala Constitucional en sentencia del 20 de enero del 2000 (caso: Emery Mata Millán vs. Ministro del Interior y Justicia y otros), tendentes a establecer pautas atributivas de competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, adecuándolas a la nueva Constitución. Así, la Sala Constitucional, indicó las reglas que deben regir en materia de revisión de sentencias dictadas en procesos de amparo y a tal efecto, dispuso que es de su competencia conocer de las acciones de amparo incoadas contra las sentencias de ultima instancia, dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, así como de las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia. Criterio este reiterado por sentencia de fecha 14 de marzo de 2000 (caso: C.A. Electricidad del Centro ELECENTRO y Compañía Anónima de Electricidad de Los Andes CADELA), donde se dispuso: “…es competencia de la Sala Constitucional el conocimiento de las consultas y apelaciones que se ejerzan contra las sentencias de la citada Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cuando ésta conozca, por vía principal, de las acciones de amparo en primera instancia”. Así se declara.

DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.