Sentencia N° 2966 Político-Administrativa TSJ 2001: Consorcio Técnico de Ingeniería, Conteica… vs Centro Simón Bolívar C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la solicitud de suspensión de causa presentada por la Procuraduría General de la República en un juicio de cobro de bolívares. Se analiza la naturaleza del procedimiento de intimación y su inaplicabilidad en el contencioso administrativo, dado que este tipo de juicio requiere la notificación del Procurador General de la República. La Sala concluye que la causa debe ser repuesta al estado en que sea admitida por el procedimiento ordinario, permitiendo así el cobro de la cantidad adeudada sin necesidad de iniciar un nuevo proceso.

Como punto previo a la resolución de la solicitud presentada por el abogado Alexis José Crespo Daza, actuando en su carácter de Director General Sectorial de Personería Judicial (E) de la Procuraduría General de la República, la Sala observa tal y como se evidencia del iter procedimental descrito en la parte narrativa de la decisión, que el presente juicio se refiere a una acción de cobro de bolívares por vía de intimación, la cual constituye un procedimiento especial previsto en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 640, que al efecto establece lo siguiente: “Artículo 640.- Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entrega la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté presente en le República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo.” Dicho procedimiento presenta la particularidad de tener una cognición reducida, y un carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistidos por una prueba escrita, lo cual a su vez autoriza al Juez, para que inaudita altera parte (sin oír a la otra parte), emita un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación. Ahora bien, una vez notificado el referido decreto se le concede al deudor un plazo para ejercer oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento ordinario. No obstante, si el deudor no hiciere oposición al decreto dentro del término, éste pasa a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. De manera tal que la admisión de la demanda tramitada por el procedimiento de intimación, contempla la exigencia previa de una serie de requisitos establecidos en el mencionado artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se justifican plenamente, por cuanto el decreto de intimación posterior, contendrá una orden efectiva de pago o entrega de la cosa, que en caso de no mediar oposición, adquirirá el carácter de un título ejecutivo derivado de una sentencia definitiva.

Por las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley REPONE LA CAUSA al estado en que sea admitida nuevamente la demanda por el procedimiento ordinario, y en consecuencia, nulas las actuaciones desde la fecha de la admisión. Remítase el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.