La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Seguros Qualitas, C.A. contra el silencio administrativo del Ministro del Poder Popular para el Comercio, que no decidió sobre un recurso jerárquico. Se anula el acto administrativo que ordenaba a la aseguradora indemnizar al denunciante por un siniestro relacionado con una intervención quirúrgica, argumentando que el acto administrativo impugnado incurrió en vicios de falso supuesto de hecho y de derecho al considerar que el siniestro estaba cubierto por la póliza, cuando en realidad estaba excluido.
Extracto de la motiva
El apoderado actor afirmó que no es suficiente motivar o fundamentar en la resolución sancionadora la culpabilidad del administrado responsable de la infracción, sino que se hace imprescindible también que la sanción se adecúe a las exigencias del principio de proporcionalidad, lo cual únicamente puede lograrse mediante la oportuna motivación de los elementos o circunstancias atenuantes o agravantes tomadas en consideración para calcular el monto o duración de la sanción definitivamente impuesta. Aseveró que en el caso del acto a través del cual se sancionó a su representada, no se señaló expresamente, ni tampoco se desprende del expediente administrativo, los elementos de juicio en que la Administración basó su decisión de fijar el monto de la multa en dos mil (2.000) unidades tributarias, lo que -afirma- impide a su representada valorar la adecuación y proporcionalidad de la decisión al caso concreto, conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, viciando el acto de inmotivación, y en consecuencia, vulnerando el derecho a la defensa de su representada, por lo cual solicitó que el acto se declare absolutamente nulo.
Dispositiva
Se ANULA el acto administrativo impugnado. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República, a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), al Ministro del Poder Popular para el Comercio y a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Devuélvase el expediente administrativo a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Archívese el expediente judicial.