La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por Ireiva del Rosario BEYLOUNE GARRIDO de JAUREGUI contra el acto administrativo de la Contraloría General de la República que impuso una multa de 275 unidades tributarias por no presentar la documentación requerida en el procedimiento de verificación patrimonial. La Sala confirma que la recurrente no cumplió con los plazos establecidos para la entrega de la información solicitada, lo que justifica la sanción impuesta. Además, se desestiman los alegatos de violación del principio 'non bis in idem' y de ilegalidad en la ejecución del acto administrativo.
Extracto de la motiva
La Sala considera que la recurrente no presentó la documentación solicitada en el término acordado, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 33 numeral 2 de la Ley Contra la Corrupción. Se establece que la conducta omisiva de la recurrente se subsume en los supuestos para la imposición de la sanción pecuniaria. Además, se desestiman los alegatos de que la sanción es desproporcionada, ya que se impuso en el término medio de la multa prevista por la ley. La Sala concluye que la recurrente incumplió en remitir la información requerida, lo que justifica la decisión de confirmar el acto administrativo impugnado.
Dispositiva
Se declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el Ministerio Público contra el auto del Juzgado de Sustanciación que declaró inadmisibles los informes promovidos por dicho órgano. Se declara SIN LUGAR el recurso de nulidad ejercido por la ciudadana Ireiva del Rosario BEYLOUNE GARRIDO de JAUREGUI contra el acto administrativo S/N de fecha 02 de septiembre de 2010, dictado por el Director de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración y confirmó la Resolución N° 08-02-2010-LCC-025-RM-022 de fecha 09 de junio de 2010, mediante la cual se le impuso la sanción de multa cuantificada en 275 U.T.