Sentencia N° 2927 Político-Administrativa TSJ 2001: Esther Holcblat de Margulis vs Contraloría General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió negar la solicitud de suspensión de efectos de la Resolución Nº 04-02-37 emitida por la Contraloría General de la República, que impuso una multa a la recurrente. La Sala argumentó que la imposición de la multa no constituye un perjuicio irreparable y que los alegatos presentados no demostraron la existencia de un daño irreparable o de difícil reparación. Además, se destacó que la administración tiene la obligación de devolver lo pagado si el acto es declarado nulo.

Para decidir se observa: El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone que: “Artículo 136. A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso”. Ha señalado este Tribunal, en jurisprudencia que ha venido ratificando durante mucho tiempo, que la figura prevista en el indicado artículo 136 constituye una medida excepcional a los principios de ejecutividad y de ejecutoriedad del acto administrativo, derivados de la presunción de legalidad de la cual están investidas las actuaciones de la Administración. Es por ello que su procedencia, si bien se encuentra sometida a la apreciación prudente del juez, está supeditada a que se cumplan las condiciones exigidas por el legislador, a saber: que así lo permita la Ley o que la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, circunstancias éstas que deben ser alegadas y probadas por el solicitante. Este es el requisito que por excelencia se ha exigido por la jurisprudencia durante años y a tal efecto este Máximo Tribunal ha señalado: “La condición sine qua non para que proceda la suspensión de los efectos del acto administrativo, es que ésta sea indispensable para evitar los perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, por lo que el recurrente tiene la carga procesal de indicar con precisión los motivos que permitirán al órgano jurisdiccional, valorar o apreciar la dimensión de los daño y la irreparabilidad o dificultad de la reparación de los mismos”. (Sentencia de fecha 14-03-1991, Caso: Brunicardi vs. Fiscalía General de la República). Es por ello que el legislador le ha otorgado al Juez contencioso administrativo la posibilidad de determinar, en cada caso, la procedencia o no de suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, por lo que no es automático que la interposición del recurso en el contencioso administrativo suspenda los efectos del acto, sino que, como antes se indicó, le corresponde al juez, en cada caso, determinar su procedencia cuando circunstancias muy especificas que emerjan de la situación planteada en los autos haga presumir la existencia de un peligro irreparable o de difícil reparación por la definitiva y siempre ponderando o equilibrando los intereses en conflicto.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión de efectos solicitada por los apoderados judiciales del ESTHER HOLCBLAT DE MARGULIS, en el juicio contentivo del recurso contencioso administrativo de anulación ejercido contra la Resolución Nº 04-02-37 de fecha 22 de diciembre de 2000, notificada el 16 de enero de 2001, emanada de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante la cual se confirmó la Resolución Nº 08-02-MC-2000-003-003, del 16 de junio de 2000, dictada por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de dicho Despacho, que le impuso la multa por la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.948.800,00). En consecuencia, se ordena la devolución del expediente al Juzgado de Sustanciación, a fin de que la causa continúe su curso de Ley.