Sentencia N° 2895 Político-Administrativa TSJ 2001: Construcciones e Inversiones CLOVER DE… vs Gobernador del Estado Guárico…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Construcciones e Inversiones CLOVER DE VENEZUELA, C.A. contra el Decreto Nº 34 de fecha 23 de febrero de 1999, que rescindió unilateralmente el contrato de obra pública Nº 98-08-102. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de las cláusulas contractuales y en la potestad del Ejecutivo Regional para rescindir el contrato por razones de interés público.

Conforme se aprecia de autos, la recurrente interpuso recurso de anulación y subsidiaria reclamación de daños y perjuicios, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el Decreto Nº 34 de fecha 23 de febrero de 1999, dictado por el ciudadano Gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuitt Carpio, por el cual declaró rescindido el contrato de obra pública Nº 98-08-102 de fecha 24 de agosto de 1998, celebrado para la realización de la obra MEJORAS VIALIDAD ZARAZA-BARRIALITO-MUNICIPIO ZARAZA, por parte de Construcciones e Inversiones CLOVER DE VENEZUELA, C.A., por un monto de Bs. 499.999.999,16. Ahora bien, se observa que el contrato de obra del cual deriva el acto impugnado es un contrato administrativo, a partir de que el mismo reúne a todas luces las características que tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido como esenciales a la naturaleza de dichos contratos, a saber, que una de las partes contratantes es un ente público, en el presente caso, una unidad político territorial; que el objeto del contrato es la ejecución de una obra pública; y como consecuencia de lo anterior, que se entienden incluidas cláusulas exorbitantes de la administración, como es, por ejemplo, la potestad de rescisión unilateral del contrato. Debe, pues, esta Sala conocer y resolver en torno a la legalidad de la resolución emanada del Ejecutivo Regional del Estado Guárico, a saber, la rescisión unilateral del referido contrato de obra pública Nº 98-08-102 de fecha 24 de agosto de 1998, siendo que el fundamento de dicha terminación anticipada derivó del supuesto incumplimiento imputado a la sociedad mercantil Construcciones e Inversiones CLOVER DE VENEZUELA, C.A., de los lapsos de ejecución de la supra citada obra, así como la flagrante violación de cláusulas contractuales y de dispositivos que sobre el particular se contienen en las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras (artículo 116, ordinales A, D, E y K del Decreto Nº 1.417 de fecha 31 de julio de 1996, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.096 del 16 de septiembre del mismo año), además del incumplimiento de lo previsto en los ordinales 1º, 3º y 6º del artículo 54 de la Ley de Licitaciones y Contratos de la Administración del Estado Guárico y en los ordinales 1º, 4º, 5º y 11º del artículo 67 del Decreto Nº 44 de fecha 09 de abril de 1.992, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Guárico, Edición Extraordinaria Nº 6 de la misma fecha.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad contra el acto administrativo contenido en el Decreto Nº 34 de fecha 23 de febrero de 1999, emanado del ciudadano Gobernador del Estado Guárico, EDUARDO MANUITT CARPIO, conforme al cual se rescindió unilateralmente, en todas y cada una de sus partes, el contrato de obra distinguido con el Nº 98-08-102 de fecha 24 de agosto de 1998, suscrito por la Gobernación del Estado Guárico con la sociedad mercantil recurrente Construcciones e Inversiones CLOVER DE VENEZUELA, C.A., por la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs. 499.999.999,16), para la realización de la obra MEJORAS VIALIDAD ZARAZA-BARRIALITO-MUNICIPIO ZARAZA. En consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la petición subsidiaria de la actora, referida a la reclamación indemnizatoria de daños y perjuicios.