Sentencia N° 2889 — Sala Político Administrativa del TSJ, 11 de mayo de 2005

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Procurador General del Estado Yaracuy. El recurso fue presentado contra una providencia administrativa y un auto dictados por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, que ordenaban el reenganche y pago de salarios caídos de trabajadores. La Sala, tras analizar el caso y las decisiones previas, concluyó que la competencia corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

Como quedó descrito supra, esta Sala mediante sentencia N° 974, del 1° de julio de 2003, acordó diferir el pronunciamiento respecto a cuál es el Tribunal competente para conocer del presente recurso de nulidad ejercido contra un acto emanado de una Inspectoría del Trabajo, en virtud del conflicto planteado ante la Sala Plena de este Máximo Tribunal, con relación a los criterios de la Sala Constitucional y de esta Sala Político-Administrativa, a tenor de lo establecido en el ordinal 7° del artículo 42, en concordancia con el artículo 43 de la entonces vigente Ley Orgánica que regía las funciones de este Alto Tribunal, (ver sentencia de esta Sala N° 08 de fecha 09 de enero de 2003), toda vez que esta Sala consideraba a los tribunales laborales, actuando como tribunales especiales de lo contencioso administrativo en dicha materia, competentes para conocer de este tipo de casos, ello con fundamento en reiterada jurisprudencia de esta Sala (sentencia de fecha 9 de abril de 1992, Caso: Corporación Bamundi, C.A., entre otras). Ahora bien, el referido conflicto fue resuelto mediante sentencia de la Sala Plena de este Máximo Tribunal de fecha 5 de abril de 2005, en la cual se dejó sentando que ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Concluyó la Sala Plena, que el conocimiento de los recursos contencioso administrativos que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares, corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que la COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional por el abogado Saudi Rodríguez Pérez, antes identificado, actuando con el carácter de PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO YARACUY, contra la Providencia Administrativa Nº 155 de fecha 8 de agosto de 2001 y el Auto Nº 301 del 21 del mismo mes y año, dictados por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, mediante los cuales se ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos de los trabajadores adscritos al Ejecutivo del Estado Yaracuy, allí identificados, corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado declarado competente.