Sentencia N° 288 Político-Administrativa TSJ 2000: Quick Rent Internacional, C.A. vs Lucy María Teresa Jimenez Marchena

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un caso de arrendamiento. Se determinó que la jurisdicción para conocer y decidir sobre la resolución de contratos de arrendamiento corresponde a los órganos del Poder Judicial, en virtud de lo establecido en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Vigésimo Cuarto que había afirmado su jurisdicción para conocer el caso, desestimando el alegato de falta de jurisdicción presentado por la parte demandada.

De acuerdo al criterio sostenido reiteradamente por esta Sala, la jurisdicción para conocer y decidir las solicitudes que tengan por objeto la resolución o el cumplimiento de contratos de arrendamientos, por tratarse de acciones de derecho común previstas en el artículo 1.167 del Código Civil, corresponde a los órganos del Poder Judicial, en atención al mandato expreso contenido en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil. Tal ha sido la pauta que ha marcado la jurisprudencia que hoy se reitera en este fallo; no obstante, en cuanto a las atribuciones de los órganos administrativos inquilinarios, esto es, la Dirección de Inquilinato adscrita al Ministerio de Infraestructura y las Alcaldías cuando actúan en dicha materia, es menester señalar que el Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, recientemente publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.845 del 07 de diciembre de 1999, ha restringido las competencias de estos órganos a la exclusiva tramitación de solicitudes de fijación de cánones inquilinarios, en tanto que, lo atinente a desalojo, cumplimiento o resolución de contrato de arrendamiento, reintegro, prórroga legal, preferencia, retracto arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en el referido Decreto Ley, corresponde a los Tribunales ordinarios. Ahora bien, de la lectura del expediente se evidencia que la acción ejercida está dirigida a obtener la resolución de un contrato de arrendamiento, cuyo conocimiento, como se ha señalado en los párrafos precedentes, corresponde a los órganos del Poder Judicial; razón por la cual, resulta forzoso declarar improcedente el alegato de falta de jurisdicción del Juez propuesto por la demandada en el presente proceso. Así se declara.

Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que corresponde al Poder Judicial la jurisdicción para conocer y decidir la acción que por resolución de contrato ejerció la sociedad mercantil QUICK RENT INTERNACIONAL, C.A. contra la ciudadana LUCY MARÍA TERESA JIMENEZ MARCHENA. En consecuencia, se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 20 de enero de 1999, dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a cuya sede se ordena devolver el expediente a los fines de que siga su curso de ley. De conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil se impone multa a la parte demandada por el monto de cinco mil bolívares (Bs.5.000,00) en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.