Sentencia N° 286 Político-Administrativa TSJ 2001: Alfonso Santoni Gonzalez vs Latinoamericana de Seguros Sociedad Anónima

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta presentada por el Juzgado del Distrito Bermúdez, relacionada con la incompetencia territorial en un caso de cobro de bolívares. Se determinó que el juez a quo incurrió en un error conceptual al remitir el expediente, ya que la cuestión en discusión era la incompetencia territorial y no la falta de jurisdicción. La Sala concluyó que no tenía materia sobre la cual decidir y exhortó al juez a hacer un adecuado uso de las normas procesales.

En el caso de autos, se aprecia claramente el error conceptual en que incurrió el juez a quo, al remitir el expediente a esta Sala de conformidad con el artículo 59 del Código de procedimiento Civil, relativo a la falta de jurisdicción del juez, cuando en realidad lo que está en discusión es la incompetencia del juez por el territorio, lo que evidentemente son situaciones totalmente distintas. Ahora bien, establece el artículo 69 del Código de procedimiento Civil que: “La sentencia en la cual el Juez se declare incompetente, aún en los casos de los artículos 51 y 61, quedará firme si no se solicita por las partes la regulación de la competencia dentro del plazo de cinco días después de pronunciada, salvo lo indicado en el artículo siguiente para los casos de incompetencia por la materia o de la territorial prevista en el artículo 47. Habiendo quedado firme la sentencia, la causa continuará su curso ante el Juez declarado competente, en el plazo indicado en el artículo 75.” (Subrayado de la Sala). Del citado artículo se desprende, que la consulta propuesta por el a quo no es procedente, debido a que lo correcto era remitir las actuaciones al tribunal que él declaró competente, es decir, al Tribunal Distribuidor correspondiente de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, y sólo de declararse éste igualmente incompetente, procedería a proponer la regulación de la jurisdicción y, en consecuencia, la remisión de las actuaciones al juzgado superior común a ambos, alegando la existencia de un conflicto negativo de competencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, considerando lo establecido en el artículo supra transcrito y observando las actuaciones que cursan en el expediente, exactamente la nota que se encuentra al final de la decisión de fecha 24 de abril de 1995 y el oficio de remisión a esta Sala, se desprende que el Juez a quo no respetó el plazo de cinco días establecidos para que la parte interesada apelara de la citada decisión y, en consecuencia, solicitara la regulación de la competencia, violentando así, los principios de igualdad y economía procesal, por cuanto tales actuaciones han dado origen a un retraso evidentemente innecesario.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen a los fines de cumplir íntegramente con el plazo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase lo ordenado.