Sentencia N° 2840 Político-Administrativa TSJ 2001: Cif, S.A., Consorcio Inversionista Fabril vs República de Venezuela

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar sin lugar la demanda interpuesta por CIF, S.A., CONSORCIO INVERSIONISTA FABRIL contra la República de Venezuela, por daños y perjuicios presuntamente ocasionados por un acto administrativo ilegal. La Sala argumentó que no se demostró la existencia del daño ni la relación de causalidad entre el acto administrativo y la disminución del valor de las acciones. Además, se destacó que la responsabilidad de la Administración no puede ser atribuida a actos que surgen de la voluntad de los particulares.

La ilegalidad del acto sería entonces, la causa del perjuicio y concretaría la obligación de reparar el daño sufrido, conforme a la responsabilidad extracontractual de la administración, a la cual está sujeta cuando su actividad lesione intereses de los administrados. Ahora bien, destaca la Sala que el régimen de la responsabilidad de la Administración, vigente a la fecha de suscripción del contrato de compra-venta de acciones suscrito entre la sociedad mercantil CIF, CONSORCIO INVERSIONISTA FABRIL y CORIMON S.A.C.A. por el 99,5% de las acciones de PINCO PITTSBURGH, S.A., el 07 de agosto de 1993, estaba contemplado constitucionalmente. Así, el artículo 47 de la Constitución de 1961, establecía que “En ningún caso podrán pretender los venezolanos ni los extranjeros que la República, los Estados o los Municipios les indemnicen por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública”. El referido texto, por interpretación a contrario, establecía un mecanismo de responsabilidad a cargo de la Administración, por el cual venezolanos y extranjeros podían reclamar indemnización por daños, perjuicios o expropiaciones del Estado, si éstos fueron causados por autoridades legítimas en ejercicio de sus funciones.

Por las razones precedentemente expuestas esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por CIF, S.A., CONSORCIO INVERSIONISTA FABRIL, contra la REPÚBLICA DE VENEZUELA, hoy República Bolivariana de Venezuela, por daños y perjuicios presuntamente ocasionados y atribuidos al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Se condena en costas al consorcio demandante, por haber resultado totalmente vencido en este juicio, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial.